El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados propuso la creación de una Comisión de la Verdad en Materia de Delitos de Desaparición Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias en el periodo 2006-2018.
A través de la vicecoordinadora del sol azteca, Verónica Juárez Piña, explicó que en virtud de que la inseguridad ha generado una crisis social y humanitaria en México, por eso sugiere la creación de esta comisión.
Al presentar la propuesta ante la Comisión Permanente, Juárez Piña citó el Informe Anual 2017-2018 de Amnistía Internacional, el cual reportó que en ese periodo se registraron 42 mil 583 homicidios, la cifra anual más alta durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En opinión de la legisladora, “México enfrenta una crisis de las instituciones del Estado, en particular de las instituciones de seguridad pública, en la cual éstas no han tenido la capacidad para prevenir y esclarecer los hechos de violencia que se han registrado en todo el país”.
Tampoco “han fincando las responsabilidades correspondientes a todos los involucrados, y fundamentalmente no han podido aclarar los lamentables hechos en relación a las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya, Estado de México, ni la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, entre otros lamentables y cada vez más recurrentes hechos”, añadió.
“El Estado mexicano ha olvidado su compromiso con los derechos humanos y la justicia social para convertirse en una agrupación de intereses siniestros, funcionarios corruptos y, por desgracia, de delincuencia”, consideró.
“México vive una crisis política, social, humanitaria e institucional que afecta todos los niveles de gobierno y a todos los Poderes de la Unión”, indicó.
“Resulta por ello de vital importancia que se inicie un proceso de estudio, análisis e investigación imparcial de sus causas y generar un continuo proceso de conciliación y reconciliación entre la ciudadanía y sus autoridades que coadyuve al restablecimiento de la paz social y no un proceso que, guiado por el propio gobierno, intente borrar las huellas del pasado, creando comisiones presidenciales, pasando por encima de la legalidad y las instituciones de nuestro país”, propuso.
Desde el punto de vista de la legisladora federal, la Comisión Presidencial de la Verdad, auspiciada por el Gobierno Federal, “ni da cumplimiento a lo ordenado por los tribunales de nuestro país ni garantiza la imparcialidad de la investigación, constituyendo más un acto de propaganda que de reconciliación nacional”.
“Es por ello, que sostenemos la importancia de crear una Comisión de la Verdad, que coadyuve con las autoridades competentes tanto federales como locales, para esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades y construir un esquema de protección a las víctimas y restitución de derechos, en todos aquellos casos en que los agentes del Estado hayan participado en la comisión de los delitos relacionadas con las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias”, explicó.
Se busca “garantizar el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la verdad y la no repetición del daño, como parte del inicio de un proceso de conciliación y reconciliación nacional que permita alcanzar la paz”, determinó
