EL perÍodo de precampañas de este proceso electoral 2018 representa un gasto cuantioso e innecesario –con todo y su “spotisa” de más de 11 millones de mensajes– si tomamos en cuenta que quienes se llaman “precandidatos de unidad” –casi todos– ya han sido elegidos con antelación y su militancia, por antigua y fiel que sea, suele ser quien menos participó en ese acuerdo cupular.
Algunos se rebelan, como los militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, pero son la excepción que confirma la regla: un precandidato de unidad no tiene por qué hacer campaña y gastar millones de pesos para decir nada que hiciera un cambio de su condición de ungido o “el bueno”, como suele decirse. Aunque algunos “buenos” tal vez tengan en su historial, uno que otro señalamiento que pondría en entredicho su solvencia moral y su idoneidad para asumir un cargo de elección popular.
Es absurdo que la regla de “calladitos se ven más bonitos” se la aplican a los aspirantes a una candidatura independiente, que sí necesitan decir algo a la ciudadanía –militantes o no- pues de ello dependerá cubrir el apabullante requisito de firmas, equivalente, por ejemplo, hasta el 5% de la lista nominal en el distrito respectivo, según nos explicó la activista social y empresaria Olga Moguel Pereyra, quien aspira cubrir lo requerido para registrar su candidatura independiente por el segundo distrito local.
“¿Cómo convencer a alguien que otorgue su firma y deje escanear su credencial para votar si no sabe lo que pretendo y no puedo decirle nada concreto, so pena de ser sancionada por incurrir en “actos anticipados de campaña”?, nos ha expresado Moguel Pereyra a unos cuantos días de que concluya el plazo para reunir los apoyos necesarios. Cabe aquí la reflexión de que, con ella, sólo son cuatro –de 25 inscritos– los aspirantes independientes que han reportado en tiempo y forma sus ingresos y egresos; lo que sí deben decir por ley –dinero que entra y sale– la mayoría no lo dan a conocer. Qué lamentable.
En cambio, los medios de comunicación y la élite de opinólogos y oráculos electorales fustigan a los precandidatos de partidos políticos por no decir con claridad cuál es su proyecto, toda vez que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) en el artículo 227 señala que “se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido”.
De tal suerte que, reconociéndose precandidatos, pueden y deben decir qué proyecto tienen preparado, acorde con las plataformas de campaña que cada partido registró ante el INE. Ésa es la condición de precampaña, no callar sino convencer a la militancia –subrayo militancia–; entonces emerge aquí la incongruencia y reitero la insensatez: los que ya pasaron por su militancia –o fueron aclamados y vitoreados por alguna, como Meade y sus sendas presentaciones para los espaldarazos sectoriales del PRI–, es insultante que gasten nuestro dinero para convencer ya a nadie, porque van sin oponentes y sin obstáculos.
La rebelión chiapaneca de ecologistas (¿traidores o traicionados?) por culpa de un precandidato impuesto no prosperará en otras latitudes, lo cual no significa que aquí no haya habido puñaladas por la espalda. Por lo pronto, ninguno de los partidos ha presentado a una mujer como precandidata a la gubernatura o la alcaldía de Mérida.
Por Carmen Garay
