La decisión que pueda anunciar este lunes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de abandonar o permanecer en la jefatura del Ejecutivo, marcará la vida política más inmediata en el país y abre un escenario incierto con muchos interrogantes que, en su mayoría, tienen respuesta en la Constitución, la ley electoral y el Reglamento del Congreso.
La Constitución española prevé la posibilidad de que el presidente del Gobierno renuncie al cargo. El artículo 101 tiene previsto el escenario de una dimisión o fallecimiento de jefe del Ejecutivo o de una pérdida de confianza parlamentaria, como podría derivarse de una moción de censura exitosa o del fracaso de una cuestión de confianza presentadas en el Congreso.
En este caso, la dimisión de Sánchez conllevaría que todo el gabinete, incluido el propio presidente y sus ministros, continuarían en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente del Gobierno.
Como ocurre después de unas elecciones generales, sería el Congreso el encargado de elegir al sucesor Sánchez. El proceso, establecido en el artículo 99 de la Constitución, sería idéntico al de las investiduras que se celebran tras unos comicios al Congreso y al Senado.
Lo primero que tendría que hacer el Partido Socialista (PSOE) es designar un candidato a la investidura, si es que antes no lo ha propuesto el propio Sánchez en su mensaje de renuncia.
Por ahora no se puede convocar a elecciones. En el caso de que Pedro Sánchez decida continuar en el cargo debería esperar hasta finales de mayo para convocar una nueva cita con las urnas.
Texto y foto: Agencias
