En días recientes el Senado de la República organizó varias mesas para discutir los logros y desafíos de las reformas estructurales llevadas a cabo durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Tuve la oportunidad de moderar la mesa dedicada al balance de la reforma educativa. Presento aquí lo que, a mi juicio, son tres limitaciones de la reforma, y las alternativas para mejorarla de acuerdo con la discusión.
1. La estrategia de implementación de la reforma no siguió una secuencia lógica
Debió haber empezado con el cambio curricular, seguido de una adaptación de la formación —inicial y continua— de los docentes, continuar con el diseño de los instrumentos de evaluación de docentes y, por último, con la evaluación. La realidad fue muy distinta, la evaluación docente precedió al cambio curricular y la adaptación de los procesos de formación docente —para incorporar el cambio curricular— aún no se ha dado.
Adicionalmente, según algunos de los participantes en la mesa de discusión, los instrumentos de evaluación fueron elaborados sin el tiempo suficiente y se aplicaron a gran escala sin antes haberlos piloteado y validado. Todo esto contribuyó a la percepción entre un sector del magisterio, y una parte de la población, de que el fin último de la reforma educativa había sido evaluar a los docentes para despojarlos de sus derechos laborales.
2. En el diseño del Servicio Profesional Docente (SPD) no existe un vínculo entre los resultados de las evaluaciones y los procesos de formación
Las evaluaciones pueden ser un instrumento valioso para identificar las áreas de mayor reto para los docentes y diseñar estrategias de formación relevantes para abordarlas. Sin embargo, en la práctica aún no existe un vínculo entre evaluación y formación docente, contribuyendo a la percepción de que el propósito de la reforma es el de evaluar para castigar a la docencia.
Toda la polémica, todas las discusiones, marchas, bloqueos y descalificaciones, de los detractores y promotores de la reforma se reduce a la asignación a puestos administrativos de 500 docentes.
3. La estrategia de comunicación
Quizá este sea el déficit más grande de la reforma, pues no se ha podido cambiar la percepción de que la reforma es sinónimo de evaluación de docentes para fines punitivos. El resultado de esto ha sido una discusión muy acotada, guiada más por sesgos ideológicos que por evidencia.
Por ejemplo, gran parte de la discusión y la polémica se ha centrado en las consecuencias de la evaluación del desempeño de docentes en servicio. Pero el SPD es solo una parte de la reforma, y dentro del SPD, la evaluación del desempeño es solo una de cuatro evaluaciones.
Adicionalmente, la evaluación del desempeño no está vinculada al despido masivo de docentes. De acuerdo con la Ley General del SPD, ningún docente en servicio, con una plaza previa a 2014, pierde su trabajo, independientemente de sus resultados en la evaluación. La misma ley afirma que los docentes que tengan tres resultados consecutivos con un nivel insuficiente en la evaluación del desempeño serán separados del aula y asignados tareas administrativas.
Hasta ahora, de los casi 500 mil docentes en servicio que han sido evaluados, solo 500 (menos del 0.1%) han fallado en el tercer intento. Toda la polémica, todas las discusiones, marchas, bloqueos y descalificaciones, de los detractores y promotores de la reforma, se reduce a la asignación a puestos administrativos de 500 docentes.
