Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, realizaron la primera audiencia pública para analizar la reforma a la Ley de Amparo, en materia de improcedencia; y realizará dos más, los días 11 y 13 de octubre.
De 15 participantes que tenían en lista las comisiones unidas, sólo se presentaron nueve constitucionalistas y expertos en derecho, quienes expresaron su preocupación por que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, debilitan la justicia en México ya que dificulta a los ciudadanos el acceso al amparo, en lugar de facilitar la protección de los derechos humanos ante los actos de la autoridad.
Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado en retiro, afirmó que si se debilita la suspensión, el juicio de amparo perderá eficacia y “dejará de ser un instrumento de protección de Derechos Humanos… todos, todas quedaríamos expuestos a actos arbitrarios de autoridad sin un mecanismo como es la suspensión”.
“Esto no es un privilegio de los tribunales, no es un poder de los jueces, es un derecho de los ciudadanos. El amparo no pertenece al poder judicial, el amparo es de la gente y creo que es importante poner en el centro esto, porque si reducimos este aspecto protector, estamos matando al juicio de amparo”, dijo.
Explicó que el artículo 128 de la reforma plantea introducir el concepto de interés público, que dificultaría acceder al amparo.
En su turno, Magdaleno Villanueva Flores, especialista en derecho laboral, dijo que en el artículo 107 de la Ley de Amparo se incrementan las causales de improcedencia, lo cual “en vez de facilitar su trámite y procedencia, lo complica y vuelve más técnico, y en consecuencia eso dificulta al gobernado la defensa de sus derechos humanos”.
José Barrios Moreno, abogado constitucionalista, dijo que si el gobierno federal busca que la Ley de Amparo no se utilice como una herramienta para retrasar juicios, también se deben revisar otras leyes.
Texto y foto: Agencias
