El organismo externa su inconformidad, al asegurar que la medida afectará la capacidad operativa y el crecimiento futuro de las empresas
Ante el anuncio del Gobierno de Yucatán sobre el ajuste del 0.75% al Impuesto Sobre Nómina (ISN), integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestaron su rechazo, al considerar que esta medida afectará la capacidad operativa y el crecimiento futuro de las empresas. Los empresarios se dijeron sorprendidos por el anuncio.
En respuesta, el Poder Ejecutivo estatal aclaró que no se están creando nuevos impuestos, sino una actualización dentro del marco fiscal vigente.
El gobierno yucateco explicó que el paquete económico, por más de 66 mil millones de pesos, “fue construido con una visión de justicia social, igualdad y bienestar, cada peso recaudado vuelve al pueblo en forma de salud, seguridad, programas sociales e infraestructura”.
La autoridad estatal detalló que los ajustes fiscales no implican la creación de nuevos gravámenes, ni el regreso de la tenencia vehicular. En ese sentido, el Impuesto Sobre Nómina se actualizó de 3% a 3.75%, bajo un esquema “diseñado para ser justo y proporcional”.
De acuerdo con la administración estatal, en Yucatán existen más de 20 mil empresas contribuyentes, y solo casi el 4%, es decir, las de mayor capacidad económica, cubrirán el aumento completo. Mientras que el 96% restante, conformado por micro y pequeñas empresas, contará con estímulos fiscales para reducir el impacto y proteger su estabilidad.
Se informó que lo recaudado será destinado exclusivamente al subsidio del transporte público Va-y-Ven, pues la actualización fiscal busca evitar que la población absorba costos adicionales por un servicio digno y accesible.
En el presupuesto enviado al Congreso del Estado, se contempla la asignación de más de 6 mil millones de pesos en programas sociales dirigidos a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, campesinos y pescadores.
Otros 6 mil millones se canalizarán al sistema de salud, incluyendo hospitales, centros de salud y atención comunitaria; mientras que 3 mil millones serán destinados a infraestructura urbana como calles, alumbrado, agua potable, escuelas y obras en municipios.
Para el rubro de seguridad se proyectan 4 mil 700 millones de pesos, con el objetivo de mantener los niveles de paz en el estado.
POSTURA DEL CCE
Tras el anuncio del Gobierno de Yucatán sobre el ajuste de 0.75 por ciento al Impuesto Sobre Nómina (ISN), 198 empresarios afiliados al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Yucatán externaron su inconformidad, al asegurar que la medida fue tomada sin diálogo previo y sin consultar al sector productivo.
En conferencia de prensa, la presidenta del CCE, Claudia González Góngora, señaló que el incremento ha generado preocupación entre la comunidad empresarial.
“Es un impuesto sobre el empleo, ya que no grava utilidades, grava directamente el trabajo formal, cada persona contratada, cada salario pagado y cada nueva oportunidad laboral representa una obligación adicional, por eso cuando se incrementa este impuesto, no se afecta a las empresas; se afecta a quienes trabajan en ellas”, afirmó.
El CCE recordó que las empresas medianas y grandes —que representan el 4% del padrón empresarial— generan el 66% del empleo formal en Yucatán, por lo que serían las más afectadas. Actualmente, detallaron, 440 mil personas laboran en la formalidad en el estado.
González expuso los cálculos del organismo sobre el impacto financiero.
“Para dimensionar el impacto, incluso bajo el escenario más conservador, asumiendo que esos 440 mil empleos perciben únicamente el salario mínimo, hoy las empresas pagan alrededor de 3.7 millones de pesos diarios por concepto de Impuesto Sobre el Empleo, equivalentes, en una perspectiva anual, a mil 343 millones”.
Añadió que con la nueva tasa del 3.75% y el incremento de 12% al salario mínimo en 2026, la carga impositiva crecerá notablemente.
“Esa carga subiría a cerca de 4.8 millones diarios, lo que representa mil 753 millones al año, es decir, más de 1.1 millones adicionales cada día y alrededor de 409 millones extra al año”, explicó.
La dirigente también recordó que para 2025 se proyectó una recaudación de 4 mil 858 millones de pesos provenientes del ISM. “Este gravamen, por sí solo, representa el 72% de toda la recaudación local propia”.
Finalmente, advirtió que esta medida podría tener consecuencias laborales adversas.
Por su parte, el presidente de la Coparmex Mérida, Emilio Blanco del Villar, fue cuestionado sobre si el incremento al ISN podría ser usado “como bandera” por los diputados de oposición para descalificar o rechazar el presupuesto. El dirigente empresarial respondió que espera que ese escenario no ocurra.
El ajuste al ISN se perfila como uno de los temas económicos más relevantes del Paquete Presupuestal 2026. Mientras empresarios y autoridades sostienen posturas encontradas, la decisión final recaerá en los diputados locales, quienes deberán votar la iniciativa en las siguientes sesiones de la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal.
Texto y fotos: Alejandro Ruvalcaba
