Ejidatarios de los municipios de Sacalum y Muna aseguraron que cuentan con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para rechazar categóricamente la instalación de más de un millón de paneles solares en un área de 675 hectáreas.
Lo anterior, mediante un presunto dictamen emitido por la instancia internacional por atentar, aseguraron, contra las condiciones naturales de la región y el medio ambiente y naturaleza de la zona.
De acuerdo con los ejidatarios, entre ellos Aurelio Mugarte Xoo y Yadira Borges Villanueva, la empresa Vega del Solar ha sido refutada por la ONU para que los proyectos denominados “Ticul A” y “Ticul B” no se lleven a cabo al incumplir con una serie de requisitos, entre ellos, el no considerar a la población originaria de la región.
Además, y de acuerdo con el asesor de los quejosos, Romel González Díaz, existen presuntas irregularidades en las compras de tierras a los ejidatarios por parte de los empresarios que impulsan el proyecto. En comunidades como San José Tipceh, Muna, Sacalum y Plan Chac no quieren el proyecto.
Según un comunicado de los quejosos, quienes ayer ofrecieron una rueda de prensa en conocido hotel de Mérida, la ONU ha emitido una serie de recomendaciones y observaciones, sobre el proceso de consulta a las comunidades indígenas, y donde se descalifica dicho proceso.
De acuerdo con el referido texto, que más tarde hicieron girar los ejidatarios, la empresa no cumple con el carácter previo, informado, libre, de buena fue y culturalmente adecuado. Aunque escasamente se mencionó dicho respaldo de la ONU en el anuncio a medios de comunicación y poco se sabe de la evaluación de Naciones Unidas.
–La situación que hoy se vive en las comunidades afectadas es seria; la población se encuentra dividida, y en algunos casos asustados, debido a la presencia de golpeadores, que estamos seguros fueron contratados por la misma empresa interesada– acusó González Díaz.
Esto al asegurar que han divisado en la zona camionetas de presuntos foráneos, que presuntamente se encuentran contratados por los inversionistas, para amedrentar a los ejidatarios y presionarlos para que acepten la compra.
Ante esta situación, han iniciado una serie de acciones legales, que van con la interposición de demandas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como un amparo ante el juzgado de distrito con el objetivo de revocar los arrendamientos de la tierra y las asambleas.
Los ejidatarios reclamaron primero la realización de este megaparque, pero posteriormente enfocaron sus quejas contra las “bajas utilidades” que le ven al acuerdo inicial que obtuvieron con la compañía.
Por ejemplo, una parte de los 102 ejidatarios de San José Tipceh había aceptado anteriormente un arrendamiento por 30 años, con opción a 10 más, con 11 millones de pesos y con un dos por ciento de rendimiento anual, pero otro grupo se encuentra en desacuerdo con este arrendamiento por considerarlo insuficiente y ventajoso para la compañía.
Sobre la participación de la ONU, los ejidatarios argumentaron que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), inició desde marzo una serie de capacitaciones a la comunidad de San José Tipceh, con el fin de orientarlos en sus derechos a consulta, consentimiento y participación.
Estas acciones de capacitación involucran, según se explicó en el comunicado, que se realizó un proceso de observación internacional en la Secretaría de Energía (Sener) sobre el proyecto impulsado por Vega del Solar.
En el anuncio se informó que mantendrán las vías con las instancias internacionales para poder dar solución al conflicto, que involucra una fuerte inversión de recursos, para el desarrollo de un megaparque de energía solar.
Texto: Iván Duarte
Fotos: Cortesía
