Indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que la percepción ciudadana hacia los cuerpos policiales ha mejorado sustantivamente
La Policía de Campeche se ubica entre las cinco más honestas del país, de acuerdo con indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pues del segundo semestre de 2021 a junio 2023 mejoró la percepción ciudadana hacia la labor policial, se destacó durante la sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad que presidió la gobernadora Layda Sansores San Román.
En datos dados a conocer por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) en el tema Corrupción por Parte de Autoridades de Seguridad Pública del Inegi, el porcentaje de la población de 18 años en adelante reveló que, durante el segundo semestre de 2021, quien tuvo contacto con autoridades de seguridad pública y experimentó algún acto de corrupción se ubicó en 38.7 por ciento, es decir, de cada 100 campechanos entre 30 y 40 dijeron haber sido objeto de algún acto corruptor de su policía.
En contraparte en este mismo indicador, pero al primer semestre de 2023, el porcentaje disminuyó a 18.2 por ciento, es decir, de cada cien apenas 10 o 18 dijeron ser víctimas o testigos de algún acto de corrupción policial. La percepción hacia la labor policial ha mejorado significativamente en el Gobierno de Todos que encabeza la Gobernadora Sansores San Román.
La mandataria aplaudió la ardua labor del personal policial y de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), pese a las críticas que muchas veces son magnificadas incluso por legisladores que no se informan bien o intentan tergiversar la realidad. Lo cierto es que hoy como nunca se combate la delincuencia y cero tolerancias a la corrupción e impunidad. Así el estado se ubica entre las cinco policías más honestas de México, siendo las de Aguascalientes, General Escobedo, Manzanillo y San Pedro Garza García, en Nuevo León, que registra el menor porcentaje de corrupción policial con apenas 4.6%.
Durante la sesión, en que la mandataria estuvo acompañada por el secretario de gobierno, Aníbal Ostoa Ortega, se insistió en la necesidad de combatir de manera integral el tema del clandestinaje y el abuso de bebidas embriagantes, pues tan solo en el fin de semana de 84 remisiones a jueces calificadores, el 73 por ciento, 62, tuvieron relacionados con algún grado de alcoholismo.
Por parte de autoridades navales, militares y de la Guardia Nacional (GN) se destacó que se siguen los operativos interinstitucionales de seguridad por aire, mar y tierra, resaltándose la necesidad de plantear al gobierno Federal de llevar a cabo un plan integral de rescate a las vías terrestres, pues derivado de un mayor uso en últimas fechas, son varios los tramos que evidencian deterioro y la necesidad de que se les otorgue mantenimiento. Además, se sugirió que cuenten con áreas de aparcamiento de unidades pesadas, en que se les ofrezcan diversos servicios e incluso dispongan de destacamentos de seguridad.
La seguridad en carreteras y sitios de playas se ha incrementado en la recta final del programa Operación Salvavidas, tomando en consideración que el asueto de verano concluye en el fin de semana. En comunidades de la región sur se destacó la necesidad de incrementar la presencia de rondines policiales, ante intentos de asalto a unidades de dependencias gubernamentales, en que se han tenido heridos por arma de fuego y en tramos solitarios.
La representación del Instituto Nacional de Migración (INM) informó sobre el rescate durante el fin de semana de 12 personas en situación migratoria irregular en el municipio de Escárcega, siendo dos dominicanos, dos cubanos y ocho brasileños.
Se destacó además por parte del Poder Judicial del Estado que se llevaron audiencias de dos casos presentados por la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción del Estado de Campeche, una contra la presidenta de la Junta de Felipe Carillo Puerto, a la que se le suspendió del cargo y se le obliga a resarcir un daño patrimonial por cien mil pesos.
El otro se da contra directivos de un subsistema educativo, en que también se le obliga a su exdirectora general a resarcir un daño patrimonial por igual cantidad, y en que se tiene a dos imputados más, uno de ellos servidor público al que se separa del cargo para continuar con las indagatorias. Se puntualizó que se cumple con la ley y el compromiso de no tolerar ningún acto de corrupción.
Texto y fotos: Agencias
