Meses atrás comenté sobre la imperiosa necesidad de que los señalamientos públicos de malos gobernantes se investiguen cabalmente y se ventilen ante la sociedad de inmediato porque -hay al menos dos vías- es inadmisible transitar por la vida política y el servicio público defraudando al pueblo o, también podría suceder, transitar el quehacer periodístico indecorosamente, difamando a inocentes.
Considero muy importante tocar este tema toda vez que desde junio de este año se publicó en un portal de noticias (en Animal Político) la primera parte de una investigación periodística que señalaba al gobierno de Rolando Zapata como usuario de “empresas fantasma”. Asimismo, no olvidemos que en pleno fragor de la contienda electoral se habló de un proceder similar del entonces alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, a través de medios nacionales como el portal electrónico del periódico El Universal e incluso en televisión.
Si ambas acusaciones fueran ciertas, podríamos suponer que se urdieron complicidades pues el gobernador saliente (Zapata Bello) debió investigar en su momento a quien en tan solo cinco días asumirá el gobierno del estado “más seguro” del país. Al gobernador entrante (Vila Dosal) le tocaría dar seguimiento a lo que ha hecho de conocimiento público esta semana en Animal Político. Y nadie hace nada, nadie dice nada.
En estos tiempos digitales, no se puede secuestrar la imprenta ni retirar de circulación los periódicos: las publicaciones existen, los ciudadanos merecemos una explicación clara por parte de los involucrados. En cuanto a la labor periodística, debo decir que me parece loable investigar, pero no le toca a un medio de información -digital o tradicional-, hacer justicia o encender a la opinión pública. Es obligación de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), de la Fiscalía General del Estado y, en su caso, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hacer las denuncias correspondientes para que se haga justicia.
Si todo eso fuera cierto, me pregunto ¿cómo burlaron a las instancias fiscalizadoras? ¿Cuántos funcionarios sabían y se hicieron cómplices? Pero, atención a esto, si no fueran ciertas semejantes acusaciones, me pregunto ¿cómo pueden quedar los aludidos como si no pasara nada? La difamación es un delito.
Ahora que lo pienso con detenimiento, si fuera cierta la información acerca del uso de empresas fantasma por parte de los gobiernos de Rolando Zapata y, en su momento, de Mauricio Vila, yo también engrosaría la lista de víctimas de delito, mi familia, mis amigos y todo aquel yucateco y meridano que dejó de ser atendido con los recursos desviados. Espero que esta situación por fin se esclarezca, para bien de la sociedad que no merece que le mientan, se trate de quien se trate: políticos o medios.
