La reforma al Poder Judicial federal y de los estados para elegir a ministros y jueces por el voto popular ha levantado ámpula en diversos sectores de la sociedad, ya que ven peligro de que los procesos judiciales se politicen
El pasado 5 de febrero de 2024, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, presentó una serie de reformas constitucionales entre las que destaca en el debate público, la reforma al poder judicial federal y a los poderes judiciales de los estados.
La propuesta plantea elegir a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a magistraturas y judicaturas, tanto federales como locales. Aunado a ello, se pretenden una serie de reformas que limiten las actuaciones de la Corte para decretar la suspensión, con efectos generales, de normas sujetas a controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, y a toda la judicatura en materia de amparo, tal y como se hizo en la reciente reforma a la Ley de Amparo.
En este sentido, existen múltiples preocupaciones desde la academia, los propios poderes judiciales y otros sectores de la sociedad, no solo porque implicaría la destitución inmediata de miles de personas, sino porque las reglas propuestas para la elección de quienes les sustituyan implican una politización del proceso.
Más allá del voto popular, los procesos de selección de candidaturas dependerán exclusivamente de los partidos políticos, pues serán las cámaras y el Ejecutivo los que nombrarán a la mayoría de las personas que podrán ser votadas.
Se espera que el nuevo congreso que entre en funciones en septiembre vaya a dictaminar primero, y luego a debatir y aprobar o no esta iniciativa de reformas constitucionales, y mientras tanto se han abierto algunos foros en los que se escuche el parecer de los ministros y miembros del Consejo de la Judicatura.
El presidente nacional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. Víctor Olea Peláez, en su reciente visita a la capital yucateca, pidió a los legisladores electos el pasado 2 de junio, que en su momento la discutan sin prisas, analizando y escuchando a todos los operadores jurídicos, incluidas universidades, colegios y barras de abogados.
Consideró que en estos momentos se atraviesa por un momento delicado y crucial para la vida democrática de México y para la administración de justicia.
“La reforma judicial que está planteada atenta, no solo contra el estado constitucional del Derecho, sino además de manera indiscutible contra la división de poderes, contra la independencia judicial y, ¿por qué no decirlo?, atenta contra el futuro de nuestra amada profesión”, reiteró.
En ese sentido dijo que esta inconveniente iniciativa de reforma no solo afecta las estructuras jurisdiccionales, sino también en sí mismo, el futuro de la profesión legal, ya que al no estar sustentada y debidamente estructurada una carrera judicial, se correrá el riesgo de que todos los asuntos a futuro no se resuelvan conforme a derecho, sino conforme a intereses políticos y económicos, lo que afectará a todos.
Asimismo, recalcó que con esta iniciativa no solo se terminará un empleo, sino una carrera judicial, ya que hay magistrados, jueces y ministros con más de 30 años de trayectoria, y que iniciaron desde mecanógrafos, actuarios y secretarios que han ido aprendiendo poco a poco en esta compleja labor jurisdiccional, por lo que no consideró que desperdiciar esos grandes activos del poder judicial de la Federación es un despropósito.
Olea Peláez manifestó que sí es importante una reforma judicial en México, pero que esta debe ser profunda y no apresurada, pues se necesitan analizar todos los pendientes que se tienen, por ejemplo, en el sistema penal acusatorio, las reformas en materia penal, en materia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y la reforma laboral.
“Hay muchas cosas que perfeccionar, agilizar procedimientos, modificar algunas cuestiones del Consejo de la Judicatura Federal, es cierto, hay cosas perfectibles por hacer, pero se requiere un análisis de fondo, profundo analítico y no apresurado como aparentemente se quiere lograr, eso es algo que nos preocupa mucho porque todo apunta a que es una revancha una venganza del ejecutivo hacia el poder judicial de la federación y eso no es válido no es conveniente para México”, subrayó.
Acerca de las acciones que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. emprenderá para intentar incidir en esta reforma, comentó que, en primer término, han hecho un pronunciamiento público respetuoso, pero firme, en contra de los términos de esta iniciativa.
“Esos pronunciamientos han tenido reproducción mediática a nivel nacional e internacional, pero además se trata de convencer a los legisladores federales para que seamos considerados en los foros que se han organizado al respecto para poder expresar nuestro razonamientos fundados nuestros argumentos para efecto de intentar que sean tomados en consideración”, indicó.
El Presidente de la Barra de Abogados también comentó que organizarán foros propios a nivel nacional, con la ayuda de los capítulos que se tienen en todo el país, 27 al momento, y que no solo estarán dirigidos a los abogados sino también a sectores empresariales y de la sociedad civil, a efecto de demostrar la inconveniencia y la inviabilidad de esta reforma judicial.
“Asimismo, estamos trabajando de la mano con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, organizando argumentaciones, documentos, participaciones a efecto de lograr soportarlos en esta histórica lucha en pro del estado constitucional y democrático del derecho y de la independencia judicial”, apuntó
Está pretendida reforma también afectará a los poderes judiciales a nivel local, por lo que dijo convencido que lucharán hasta el último aliento para tener un poder judicial de la federación pero también a nivel local a la altura que México requiere.
Ante esta situación, la magistrada Mayra González Solís afirmó que desde el Poder Judicial de la Federación enfrentarán con valentía y entusiasmo la independencia del Poder Judicial de la Federación, la garantía de la división de poderes, el fortalecimiento y la protección y la inviolabilidad del juicio de amparo.
“Lo que no se quiere es que la justicia se politice y que futuros intereses ajenos al derecho. intervengan en la designación de jueces y magistrados”, precisó la entrevistada, quien consideró que en una elección popular siempre hay grupos de poder que intervienen en el proceso.
“Lo hemos visto lo hemos visto en las elecciones comunes y corrientes, a veces es inevitable el observar como intervienen los distintos factores del poder que hay en el país, entonces creemos que es un riesgo muy grande”, indicó la magistrada, quien agregó que hay que voltear a ver la experiencia de Bolivia, que no ha sido buen referente ya que no ha funcionado.
“Estamos hablando de un país pequeño, ahora imaginemos que lo que sucederá en México, que es un país de 130 millones, no nos gustaría experimentar, creemos que México merece más que un experimento”, comentó.
La magistrada señaló que sí se requiere una reforma al poder judicial, pero que debe de ser discutida con más tiempo, ya que es un tema trascendente.
“No quisiéramos que esta narrativa se enfoque específicamente en los derechos laborales, sino en el estado constitucional del derecho, en la división de poderes, en el derecho que tienen las personas a ser juzgadas por tribunales independientes, esa es la narrativa que nosotros hiciéramos que la gente conozca”, finalizó.
Finalmente, la presidenta del Capítulo Yucatán de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. Lucelly Carballo Solís, subrayó que la administración de justicia es una tarea delicada que debe recaer en manos de profesionales con la preparación y capacidad suficientes, con independencia imparcialidad y objetividad.
“Como asociación hoy tenemos la responsabilidad de enfrentar una iniciativa de reforma al Poder Judicial, por lo que no podemos pasar por alto el papel que debemos de asumir al dejar argumentos sólidos y pertinentes que fortalezcan a nuestras instituciones y construir una sociedad y aspire a vivir en forma armónica y ordenada y que luche por la preservación de un estado constitucional de derecho”, concluyó.
Texto y fotos: Manuel Pool
