En maratónica jornada legislativa, los diputados federales discuten la reforma judicial, cuya votación a favor por parte de la Cuarta Transformación -Morena, PT y Pvem- se prolongó hasta este miércoles
Los diputados federales de la Cuarta Transformación, Morena, PT y Pvem -que con su mayoría calificada adelantaron que votarían a favor-, y los de la oposición -PAN, PRI y MC-, protagonizaron una larga discusión legislativa en lo general, previo a la votación de una de las reformas más polémicas en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador: la Reforma al Poder Judicial.
En una misma sesión de Pleno acordada de última hora en la sede alterna del Salón de Armas de la Unidad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la capital del país, los legisladores iban a debatir y votar en los general y particular, precisamente ante las protestas de estudiantes de Derecho y de los trabajadores del Poder Judicial.
Pese a la discusión legislativa, se daba como un hecho que la reforma se aprobaría, pues los diputados de Morena, PT y PVEM tienen la mayoría calificada.
La bancada del PAN adelantó que participaba en la asamblea bajo protesta, pues existen dos suspensiones de jueces de Distrito, aunque se le recordó que otro juez, en este caso Colegiado de Circuito, suspendió los efectos de la suspensión previa de los jueces de Chiapas y Morelos.
El planteamiento lo hizo el diputado yucateco José Elías Lixa Abimerhi, quien dijo: “Nosotros hemos impugnado esta sesión, pues las y los legisladores que ignoren las suspensiones pueden caer en responsabilidad, por lo tanto, en desacato”.
Sobre las suspensiones de jueces para no trata el tema de la reforma judicial, el diputado Ricardo Monreal Avila, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió jurisprudencia en la materia y queda claro que no tiene facultades, pues la Cámara de Diputados tiene el Poder Reformador Constitucional, que no puede ser atacable.
Además, afirmó que la mejor forma de blindar la intromisión del crimen organizado con jueces, magistrados y ministros será con esta reforma; por ello, se propone un cambio crucial: modificar la forma de nominar a los jueces e incluir nuevos criterios para impartir justicia en México.
Agregó que la elección de ministros dará mayor independencia y abre de manera universal la oportunidad de aspirar a un cargo de la Judicatura, pero la evaluación previa y rigurosa de la idoneidad inducirá a los mejores candidatos.
Asimismo, destacó que democratizar y respetar la autonomía del Poder Judicial no le resta atribuciones, sino lo fortalece.
Distintos posicionamientos
Del PAN, la diputada Paulina Rubio Fernández comentó que con cautela y en protesta participan porque se está desacatando una decisión judicial, ello porque Acción Nacional sí reconoce a las instituciones “y hoy está aquí para defender a la democracia y a la República”.
“La causa de esta reforma es la venganza al Poder Judicial que no se dobló. El PAN votará en contra de esta reforma embustera y mal llamada reforma al Poder Judicial, que simula, finge y engaña a las y a los mexicanos al hacerles creer que van a elegir a alguien”, dijo.
Por el PVEM, el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis manifestó que la tarea fundamental del Poder Judicial desde su concepción es impartir justicia de manera pronta y expedita, y el sistema de justicia juega un papel fundamental en la consolidación de un Estado democrático y de derecho.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) dijo estar a favor del dictamen porque coincide en la democracia participativa y sostiene que el poder de elegir a los representantes está en el pueblo.
Del PRI, el diputado Yerico Abramo Masso aseguró que la reforma pone en riesgo el futuro democrático y el Estado de Derecho, no resuelve el problema del acceso a la justicia y tiene consecuencias irreductibles para el sistema de procuración y administración de justicia, aunado a que no se preocupa por las víctimas, no da garantías de reparación del daño, ni solventa la impunidad, que es del 94%, según datos oficiales.
La gente votó por la reforma
En torno a las protestas que por la reforma al Poder Judicial se han realizado tanto por trabajadores del Poder Judicial Federal como por estudiantes, el director del Claustro de Doctores del Colegio de Postgraduados en Derecho de Yucatán, Rodrigo Ignacio Ortiz Eljure, opinó que la gente que en las pasadas elecciones votó por Morena y también lo hizo por sus propuestas, en las que se incluía el “Plan C”, que incluye la mencionada Reforma.
Esto en relación con el bloqueo que trabajadores del Poder Judicial Federal hicieron a los accesos de la Cámara de Diputados, donde debió iniciar la discusión respecto a la Reforma Judicial, que, a decir del investigador y académico yucateco, es la segunda más importante en el tema del derecho en México en los últimos cincuenta años, solo después de la que introdujo a nivel Constitucional los derechos humanos en 2011.
En entrevista telefónica, el abogado Ortiz Eljure recalcó que si bien es un derecho de los trabajadores manifestarse en contra de la Reforma Judicial, al bloquear San Lázaro, están ejerciendo actos contrarios a la ley al no permitir que otras personas desempeñen sus funciones, lo que ocasiona que se deslegitime la lucha que llevan a cabo en pro de sus derechos laborales.
El análisis y discusión inició a las cuatro de la tarde con diez minutos en una sede alterna, con 372 diputados presentes; la Mesa Directiva declaró que hay quórum y se espera que la Reforma Judicial se apruebe este miércoles.
Se suma la SCJN
Lo cierto es que este paro de labores a los que se sumaron el lunes los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación trae perjuicios a la ciudadanía, pues, aunque se ha previsto que se atiendan casos urgentes (como los relacionados con el tema de la salud, incomunicación y tortura), se quedaron congelados amparos en materia familiar, mercantil y civil.
“Los jueces son empleados del Poder Judicial, en este caso federal, y al irse al paro, al no trabajar los asuntos o al trabajarlos menos, la gente se queda sin que se les haga justicia, es algo semejante a que a una persona que se tiene que alimentar no le den de comer, entonces es un perjuicio muy grave a mi juicio que la ciudadanía no está recibiendo justicia”, explicó el abogado yucateco.
En este sentido el también investigador y catedrático dejó en claro que sí continúan estas protestas se incurre en una situación de anarquía, ya que no se respeta la ley, y si el Poder Judicial es el guardián de la ley, tiene que ejercitarla.
“Desde mi punto personal, cada poder tiene un trabajo distinto por lo que interferir con las funciones del Poder Legislativo representa ir en contra del orden constitucional”, dijo.
En el caso de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia, recordó que a ellos les compete atender acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o amparos en los cuales se haga valer la Facultad de atracción, por lo que el hecho de que se mantengan inactivos también ocasiona perjuicios a la sociedad.
Uno de los aspectos que traerá la reforma, es que los tiempos de resolución que se le pondrán al Poder Judicial en asuntos penales será de un año, y para asuntos fiscales, el plazo será de seis meses, cuando antes tardaban años, concluyó el entrevistado.
Texto: Manuel Pool Moguel
Fotos: M. Pool/ Agencias
