Parece que el rezago de expedientes beneficia al director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Motul, Erick Martín Acosta Palma, porque el pasado enero se venció el plazo para una diligencia por el juicio por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, ya que presuntamente cobró 280 mil pesos para concluir una obra en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y no lo realizó.
Indiscutiblemente, Acosta Palma, como buen colaborador, no se mandaría solo y quien dio las instrucciones fue el alcalde Roger Aguilar Arroyo, de quien cada vez más motuleños reprueban su gestión.
En la Fiscalía General de la República, correspondiente al Gobierno federal, de ocho mil 440 carpetas de investigaciones que se iniciaron únicamente el 10.33% llegaron al juez y de ellas sólo 312 (3.6 por ciento) terminaron con sentencias. En centenares de casos, la FGR se declaró incompetente o decretó el no ejercicio de la acción penal y otros tantos se encuentran en compás de espera.
Como se ha publicado, Aguilar Arroyo busca la “vida artificial”, políticamente hablando, “brincando” a Morena, pues le esperan juicios por irregularidades en su gestión.
Texto y foto: Darwin Ail
