En la comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad las modificaciones al Código Penal del Estado, en materia de Delitos Informáticos, con sanciones de seis meses hasta dos años de prisión a quien, por beneficio propio o ajeno, modifique, destruya o provoque la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de esta índole protegidos por algún mecanismo de seguridad, entre otras.
En el proyecto de dictamen para la adición del capítulo VI a la mencionada norma, se agregó la propuesta de Silvia López Escoffié (MC), para que en caso de acceder a sistemas y equipos de informática, sustraiga información, obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o imposibilite la procuración o impartición de justicia, fueran cometidos por un servidor público, se retire de su actual cargo y se inhabilite de manera permanente para ocupar otro, en concordancia con las reformas constitucionales en la materia.
De la misma forma, el presidente de la Junta de Gobierno, Felipe Cervera Hernández (PRI) propuso que en el artículo 243 bis séptimo, se añada que se sanciones a quien facilite a un tercero que no cuente con autorización, para sustraer información para beneficio personal o ajeno, porque castigaba solo al que contaba con autorización para acceder.
“Una cosa es que acceda y otra cosa es que permita el acceso”, aclaró.
En la comisión, también continuó el análisis para modificar el Código Penal estatal, para certificar a quien ofrezca y sea cliente de cirugías plásticas, propuesta de Manuel Díaz Suárez (PAN), para lo cual, el presidente de la misma, Luis Borjas Romero (PRI), informó que recibió un oficio del Colegio de Maestros en Cirugía Plástica, con consideraciones a la iniciativa.
Por consiguiente, los miembros del cuerpo colegiado aprobaron por unanimidad invitar a representantes de médicos cirujanos para que puedan expresar sus opiniones que se tomarán en cuenta para el estudio en la materia.
En asuntos generales, se distribuyó el oficio del Gobernador, Mauricio Vila Dosal, que presenta la terna de ciudadanos para designar al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con la currícula de cada uno.
Sobre el tema, Borjas Romero aclaró que se le da seguimiento a lo que ordenó el juzgado tercero de distrito en el Estado, con respecto a la suspensión definitiva del acto, exclusivamente en la etapa conclusiva del procedimiento para la designación, ante el amparo del anterior titular, César Andrés Antuña Aguilar.
“Por lo que se continuará con el procedimiento y en la etapa final del mismo no se designará el nombramiento del nuevo magistrado”, añadió.
Así, informó que los candidatos comparecerán el próximo jueves 31 de octubre del presente año a las 12 horas, en el mismo orden que fueron propuestos en dicho oficio: Gabriela Gutiérrez de los Santos, Armando Aldana Castillo y Gretel Escalante Rendiz.
En otro tema, Kathia Bolio Pinelo (PAN) presentó un estudio sobre el derecho a la intimidad, vida privada y propia imagen, para que sea anexada a su iniciativa para modificar el Código Penal, para sancionar a quien revele, exhiba, publique o difunda fotografías de personas fallecidas en los diferentes medios de comunicación, con o sin consentimiento de los familiares.
Por último, López Escoffié solicitó que se distribuya en la próxima sesión de este órgano legislativo, la iniciativa de Ley de Adopción, suscrita por su fracción parlamentaria.
Texto y foto: ACOM
