SOFÍA MORÁN
El 17 de julio de 2006, once bomberos forestales murieron combatiendo un incendio en Guadalajara, España. Su sacrificio dio origen al Día del Defensor del Medio Ambiente, una fecha que hoy, casi veinte años después, debería alarmarnos. Porque mientras conmemoramos su memoria, en México seguimos contando muertos.
La investigación del Instituto Xavier Gorostiaga SJ, dirigida por mi compañero Jesús Hernández, revela una verdad cruda: entre 2004 y mayo de 2025, 369 defensores ambientales sufrieron agresiones letales en nuestro país. Trescientas sesenta y nueve voces silenciadas. Trescientas sesenta y nueve historias truncadas por defender ríos, bosques y territorios. Michoacán, Oaxaca y Guerrero encabezan esta lista negra donde el 81% de las agresiones son homicidios directos. Pero detrás de cada cifra hay nombres: Fidel Heras Cruz, quien resistía ante la construcción de una hidroeléctrica en la cuenca del Río Verde; Higinio Trinidad de la Cruz, un líder indígena quien buscaba la protección de las tierras de Ayotitlán; Beatriz Cariño, defensora mixteca que luchaba por los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.
Estas personas (a quienes se les reconoce como Defensores de Derechos Humanos Ambientales y del Territorio) son biólogos sin título que monitorean la salud de los ecosistemas, abogados sin bufete que litigan contra megaproyectos, y maestros sin aula que enseñan que el desarrollo no puede costar vidas. Sin embargo, como documenta el estudio, enfrentan un Estado con doble papel: por un lado, firma leyes, estatutos, organismos y acuerdos internacionales (como el Acuerdo de Escazú) que promete protegerlos; y por otro permite campañas de difamación o, peor aún, se convierte en perpetrador.
Frente a esta emergencia, las soluciones existen, pero brillan por su ausencia: Aplicar el Acuerdo de Escazú no como letra muerta sino con fiscalías especializadas en delitos ambientales; Reformar el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Ddhh y Periodistas para asegurar su implementación con presupuestos reales y corresponsabilidad entre estados; Exigir rendición de cuentas a empresas y gobiernos vinculados a zonas con agresiones. ¿Y nuestro papel como ciudadanía? Informarnos de la mano de asociaciones que se dedican a visibilizar esta situación como Tsikini, Copinh, Cemda.
Hoy, cuando se cumplen tres años de la declaración del 17 de julio como Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales en México, el mejor homenaje que podemos hacer es nombrarlos. Recordar que Fidel, Higinio, Beatriz, Samir Flores, Antonio Suástegui, Marcelo Pérez y Eugui Roy no son estadísticas: son el precio que pagamos por un modelo de desarrollo que confunde progreso con destrucción. Como declaró Berta Cáceres: “Se trata de luchar por las próximas generaciones, no ser un pueblo burdo, no ser un pueblo sumiso, hay que ser un pueblo rebelde ante la injusticia”.
¿Cuánta sangre verde más tendrá que correr antes de que despertemos nosotros?
