Ocho ministros consideran que el marco normativo para llevar a cabo el traslado de la corporación desfigura el carácter civil que deben tener las instituciones de seguridad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al considerarlo violatorio del artículo 21 constitucional.
Con voto en contra de los ministros, Loretta Ortiz Ahlf, Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel Mossa, la mayoría de ocho ministros consideraron que el marco normativo para llevar a cabo el traslado de la corporación desfiguró el carácter civil que deben tener las instituciones de seguridad pública, como lo establece el artículo 21 constitucional.
“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Las iniciativas, los trabajos preparatorios, los dictámenes de comisión, la discusión del Poder Reformador de 2019 no me dejan a lugar a duda que en la interpretación de estos textos, su vocación es absolutamente clara, discutible, desde su comienzo hasta su conclusión de manera que lectura no me permite llegar a que se trata de gustos, sino que es el orden jurídico mismo”, indicó el ministro Alberto Pérez.
“Lo mismo estaría diciendo si le hubiera adscrito a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Salud o la Secretaría de Bienestar, por ejemplo, también sería inconstitucional”, indicó.
La presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que el mandato del artículo 21 constitucional es claro al señalar en su párrafo décimo que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
Para Piña Hernández es fundamental optar por un entendimiento estricto y diferenciado de la seguridad nacional y de la seguridad pública ciudadana, ya que las funciones de seguridad pública o ciudadana son de competencia exclusiva de autoridades civiles y a las Fuerzas Armadas les corresponde una tarea distinta.
El ministro Javier Laynez Potisek señaló que la transferencia de la corporación vació
de contenido la adscripción que mandata la Constitución de manera concreta y de manera expresa en favor de la dependencia del ramo de seguridad pública.
Dijo que lo que se traspasó a la Sedena fue el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, lo que creó una subordinación de la corporación a la jerarquía militar.
“La transferencia de las funciones ya referidas crea esa relación de subordinación jerárquica entre la unidad y el órgano al cual está adscrito, relación que queda suprimida por este decreto, respecto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, dijo.
Laynez Potisek enfatizó que la transferencia de facultades a la Sedena se trató de una readscripción y es “técnicamente un fraude a la Constitución”.
Texto y foto: Agencias