AL MENOS TRES empresas analizan retirarse de Yucatán y cancelar sus proyectos de generación de energía eólica o fotovoltaica porque no pueden obtener la anuencia de los “grupos indígenas” que supuestamente resultan perjudicados con la realización de esos complejos productores de energías limpias. Los focos amarillos pueden cambiar a rojo por la mala fe de líderes que buscan su provecho personal erigiéndose en defensores de los “indígenas mayas” de Yucatán. Pero ¿en realidad hay mayas perjudicados? No lo creemos, pues en todo caso lo que hay son grupos campesinos mestizos, o grupos numerosos de personas pobres, ¿pero mayas puros o verdaderos? En el interior del estado la población es mestiza predominantemente, pero quienes ven la oportunidad de obtener beneficios se desviven por proclamar que se está atentando contra “el pueblo maya”. Es fácil ver que los “defensores de los mayas” más bien buscan caminos legales para frenar inversiones en el campo y forzar negociaciones que les den provecho. Qué lástima si se cancelan inversiones por culpa de esos vivales.
VUELVEN A OÍRSE con insistencia las alertas sobre la imparable depredación de recursos marinos en las costas yucatecas, donde son puestas al borde de la extinción, por su explotación todo el año, especies tan valiosas como el mero, pulpo, langosta y pepino de mar. La inconsciencia de pescadores, la codicia de dueños de barcos y congeladoras, y el desprecio que comerciantes extranjeros y nacionales muestran hacia las leyes y recursos marinos mexicanos, se combinan para tener al borde de la extinción a esas especies y otras más. La semana pasada fue tema dominante en Dzilam Bravo la operación de un comerciante acaparador que obtuvo el apoyo de fuerzas policiacas para trasladar de ese puerto al de Progreso (el verdadero centro de las “mafias” pesqueras) varias toneladas de pepino valuadas en millones de pesos; le salió cara la mordida por esa “protección”, pero más costoso hubiera sido que lo asalten y le quiten su producto en el camino, como ya ha sucedido. El panorama es preocupante para las pesquerías más importantes del estado, y no parece haber decisión para frenar a los infractores de la ley.
Por Gínder Peraza
