EN UN MEDIO político y gubernamental como el que se vive en Yucatán llaman la atención la franqueza y el lenguaje directo que utiliza el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, Manuel Carrillo Esquivel, quien en entrevista para este periódico diario reconoció que con la temporada de calor la demanda de agua aumenta considerablemente, y esa dependencia apenas se da abasto para atenderla, ante todo lo cual, reconoció, ya urge renovar las bombas del sistema. Por lo general los funcionarios se dedican a negar cualquier versión que consideren negativa –así sea cierta– acerca de la dependencia en la cual sirven. Si les hacemos caso, México y Yucatán son Jauja, no hay problemas, todo está bien, todo se atiende y todo se resuelve… Se niega hasta lo que es obvio. Carrillo Esquivel en cambio demuestra que sabe muy bien lo que la dependencia a su cargo puede hacer y lo que no puede hacer, y parte de ahí seguramente para atacar los problemas, jerarquizándolos primero y enseguida midiendo las fuerzas que tiene, para lanzarse a la carga. Nadie que no sea tonto puede creer que haya funcionarios que todo lo puedan como Superman; el detalle es que ellos quieren, en su eterna ambición política, que la gente crea que tienen superpoderes…
LA DETENCIÓN en Estados Unidos del fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, viene a sumarse a los casos de César Duarte Jáquez, Roberto Borge y otros gobernadores y funcionarios estatales de primer nivel que terminan mal, perseguidos por la justicia, satanizados por los medios de comunicación y denigrados por los ciudadanos. En lo que se está volviendo una tendencia diríamos que saludable, los capos y mafiosos de los gobiernos estatales son perseguidos en la recta final de sus administraciones para llevarlos a la cárcel por los cientos o miles de millones de pesos que se robaron. Parecería que esos malos funcionarios perseguidos perdieron el piso y se engañaron a sí mismos diciéndose que nadie conocía los sucios negocios en los que estaban involucrados, pero no es así: en un estado siempre hay personas o instituciones que conocen bien las pillerías de los gobernantes, y si antes callaban era porque no había medios por los cuales hicieran las denuncias respectivas. Ahora la tendencia está cambiando, para beneplácito de muchos ciudadanos. “Ya verás cuando te estés yendo, corrupto, todo sé de ti”, parecen pensar.
JUNTO CON EL exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, ya considerado prófugo de la justicia, empiezan a caer otros altos exfuncionarios de ese estado norteño, lo que parece algo lógico, aunque muy poco se ha visto en México. Y decimos lógico bajo la premisa de que un gobernador no puede robar en solitario los cientos o miles de millones de pesos que presuntamente Duarte Jáquez le escamoteó al erario chihuahuense, o dicho de otra manera, les robó a los ciudadanos de esa entidad. Cualquiera puede entender que los desfalcos que se cometen en una administración estatal son una operación de muchos involucrados, generalmente encabezados por el gobernador, a menos que éste delegue en dos o tres de sus colaboradores las maniobras, engaños o falsificaciones que se necesitan para hacerse de muchos millones de pesos, los suficientes para hacer campaña de nuevo y escalar puestos bien pagados, o bien para hacerle frente a posibles demandas legales por “desvío de recursos”.
A REGAÑADIENTES publican algunos medios de comunicación el hecho lamentable de que en lo que va de este sexenio suman 17 los sacerdotes que han sido asesinados (igual número que en toda la administración de Calderón). Cuando se trata de censurar a todo el clero católico culpándolo de los desvíos totalmente censurables de algunos curas que cometen abusos sexuales, cualquier reportero se apunta; pero si hay que informar que un sacerdote fue víctima fatal de la violencia, entonces escasean los que estén ansiosos por dar a conocer el hecho. Para justipreciar lo que significan esos 17 asesinatos vale la pena reproducir las declaraciones del director del Centro Católico Multimedial, el presbítero Omar Sotelo, quien en entrevista con El Universal afirmó que esos homicidios son “un signo de que prevalece en el país una situación de violencia desmedida, la cual rebasa a los gobiernos federal y estatal, así como a las organizaciones de seguridad”.
