LAS CAMPAÑAS políticas a cargo de los partidos con miras a las elecciones del 1 de julio de 2018 no solamente ya empezaron, sino que están tomando cada vez más vuelo; y como no se puede todavía promover a los precandidatos, todos se enfocan más bien en hacerle propaganda a su partido, o realizar campañas con fines cívicos o sociales. Es el caso del PAN, que a partir de hoy lunes lanzó su campaña “Por Mérida”, en la que persigue un objetivo en torno al cual prácticamente hay consenso: impulsar la participación de los ciudadanos en las tareas que deben realizar los gobiernos, de tal manera que la gente entienda que monitorear la conducta de las autoridades de todos los niveles es responsabilidad de los ciudadanos. No se vale quejarse de que están robando nuestro dinero, con el que se llenan las arcas públicas, y no hacer nada, quedarse como el chinito, “nada más milando”. Inevitablemente la campaña panista se verá como una estrategia o argucia cuyo objetivo más de fondo y final es posicionar a ese partido como la que sería mejor opción a la hora de depositar el voto en los comicios del año próximo. En Acción Nacional todavía no hay nada claro en cuanto a las precandidaturas, aunque se perfilan situaciones tensas que marcarán el proceso interno para buscar los puestos estatales y federales que estarán en juego, en los que hay que incluir la gubernatura, las diputaciones federales y estatales, las presidencias municipales (con los regidores) y las diputaciones federales y estatales, además de la Presidencia de la República. Es todo un gran paquete.
EL PARTIDO Revolucionario Institucional no se queda atrás y también busca posicionarse lo mejor posible en el pensamiento de los electores. La forma de trabajar es clara: el presidente del Comité Directivo Estatal, Carlos Sobrino Argáez (¡vaya que está desquitando el sueldo!) se ha dedicado a recorrer los municipios del interior del estado, alentando a los militantes a fin de que se preparen para formar parte de las campañas. En Mérida Sobrino Argáez cuenta con el respaldo del presidente del comité municipal, Jorge Esquivel Millet, un abogado discreto, empático y trabajador. Lo más notable de ese trabajo priista es la forma en que se conducen, coordinan y trabajan militantes y directivos: a diferencia de partidos como Acción Nacional, en el PRI hay más coordinación y menos enfrentamientos internos. Varios son los que aspiran a la gubernatura y a la alcaldía meridana, pero el trabajo sucio entre ellos, o el “fuego amigo” entre correligionarios, prácticamente no existe, y si lo hay, es de una manera muy discreta. Es el sello del PRI, en el que predomina la disciplina interna.
ENTONCES NADIE puede negar que los partidos y los políticos más encumbrados están ya prácticamente en campaña, en las que plantean soluciones, gestionan apoyos diversos o canalizan demandas populares, como parte del trabajo logístico tendiente a colocarse en la mente de los electores. Ahora bien, ¿cómo financiarán esos muy activos partidos y militantes destacados el costo de sus actividades, en una precampaña que resulta más larga que la propia campaña? Quienes suspiran por un buen puesto pero carecen del dinero que se necesita para llevar a cabo una precampaña efectiva, ¿a quién recurrirán para obtener el financiamiento indispensable? Tenemos aquí un cabo suelto y peligroso pues, como siempre sucede, a la hora de diseñar y emprender campañas aparecen los financieros privados dispuestos a entregarle a un político millones de pesos para su promoción con tal de que, cuando ya esté en el poder, los beneficie con concesiones, terrenos, permisos, contratos, plazas laborales, etcétera. O sea, que el hecho de que se adelanten campañas no es del todo positivo para la ciudadanía, porque se puede colar dinero procedente de la delincuencia, o desviarse fondos públicos hacia esas actividades. No hay que olvidar las advertencias que han surgido desde hace mucho en el sentido de que el gran gasto que exigen las campañas favorece la aparición de recursos de sucio origen, como el narcomenudeo, un fenómeno creciente en muchas zonas del interior del estado. Los alcaldes que pactan con delincuentes adquieren compromisos que luego les impiden actuar libremente contra los problemas que afrontan sus gobernados.
