DE UN MOMENTO a otro las autoridades federales abrirán un nuevo período de dos semanas para que miles de pescadores se lancen a la captura de pepino de mar en la costa yucateca, pero desde aquí le podemos afirmar una cosa: A lo largo de todo el año siempre hay pescadores dedicados a extraer esa riqueza marina tan codiciada en los países asiáticos, obviamente transgrediendo las leyes de veda. Y no hace mucha diferencia, por lo menos hasta ahora, el hecho de que el Congreso federal decidió que la captura del pepino fuera de los períodos breves en que se autoriza, sea considerada un delito del nivel del crimen organizado y por ende ya tenga sanciones mucho mayores que antes. Los pescadores y sus patrones dueños de barcos tienen mucha culpa de la depredación de esa especie, pero tanta o más culpa tienen los intermediarios y los compradores finales, asiáticos que seguramente reparten millones de pesos en sobornos con tal de que las autoridades los dejen “trabajar”. Como sucedió con el caracol, el jurel, el ronco, las picudas, las sardinas “tonsac” (dentro de poco el mero) y otras especies, la explotación excesiva del pepino inevitablemente lo pondrá en peligro de extinción, para perjuicio de los hijos de los pescadores actuales.
UN ESTUDIO DEL Banco Mundial denominado “Momento decisivo: La educación superior en América Latina”, que incluimos en la página 41 de nuestra edición de ayer viernes, afirma que México es la séptima nación de Iberoamérica con menos beneficios económicos para quien tiene estudios superiores. Esa información no es de ninguna manera anecdótica, pues significa que hacer el gran esfuerzo de estudiar una carrera de nivel superior no le va a asegurar a un joven un mejor futuro, así que ¿para qué estudiar? Y el planteamiento surgió precisamente cuando, el jueves, el presidente Enrique Peña Nieto encabezaba la celebración del Día del Politécnico, donde todos los oradores subrayaron la importancia crucial que tienen la educación y la cultura para la realización personal de los mexicanos y el desarrollo integral del país. El señalamiento del Banco Mundial también evidencia un gravísimo hecho: La sociedad mexicana y su gobierno al parecer han fracasado en su obligación de generar oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones, que ahora perderán el entusiasmo por superarse si el esfuerzo de nada les va a servir, pues quemarse las pestañas estudiando una carrera sirve para cada vez menos en este mundo de cabeza en que vivimos.
UN DICTAMEN aprobado anteayer jueves por mayoría en comisiones del Congreso del Estado, y que ayer mismo recibió el visto bueno del Pleno, establece que a partir del próximo proceso electoral los partidos políticos podrán obtener financiamiento privado hasta por 28 millones de pesos anuales, sin importar si hay comicios o no; además, a finales de 2018 todos esos institutos sufrirán una reducción del 50% en sus prerrogativas que será destinada al Patronato del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, el Caimede. De entrada parecería que ambas iniciativas no merecen más que elogios y felicitaciones, pero no: el hecho de que los partidos puedan recibir más financiamiento privado representa un peligro porque abre las puertas para que gente con poder económico pueda influir no solamente en funcionarios como gobernadores, presidentes municipales y diputados, sino que también pueda obligar a estos últimos a legislar con la mente puesta en beneficiar a sus mecenas; ese riesgo es precisamente el que había empujado en épocas pasadas a obligar a los gobiernos a darles financiamiento a los partidos. En cuanto a quitarles dinero a éstos para entregárselo al Caimede, sólo habría que señalar la necesidad de que esa transferencia sea debidamente reglamentada y así los recursos no “se pierdan en el camino”.
EL ESPACIO PARA esta columna es finito y ya sólo nos permite mencionar un tema del cual les informamos en la página 3 y que merece aunque sea un análisis somero. Se trata de la llamada de alerta que hizo el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo Batllori Sampedro, en el sentido de que los químicos que se usan en la agricultura en el estado están contaminando los alimentos que consumimos todos los yucatecos. Un asunto sin duda alarmante.
