Lamentablemente seguimos enfrentando resistencia política de quienes desde el poder no están dispuestos a ceder esos espacios, dijo la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, Lissette Guadalupe Cetz Canché, en el marco de la Jornada por la Defensa de los Derechos Políticos Electorales, que este fin de semana se llevó a cabo en Mérida
En materia de justicia electoral se han dado grandes pasos para generar las condiciones idóneas que permitan que las mujeres, las personas indígenas, las personas afromexicanas, las personas con discapacidad, las juventudes y la población LGBTQ+ puedan acceder a mayores espacios de toma de decisiones y de representación popular, sin embargo, aún prevalecen actos de simulación, usurpación y suplantación de candidaturas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.
“Aunque se sigan impulsando acciones afirmativas o reformas electorales que tienen como objetivo derribar las barreras de discriminación, lamentablemente seguimos enfrentando resistencia política de quienes desde el poder no están dispuestos a ceder esos espacios, hay que decirlo claro y no lo podemos negar”, dijo la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, Lissette Guadalupe Cetz Canché, en el marco de la Jornada por la Defensa de los Derechos Políticos Electorales, que este fin de semana se llevó a cabo en Mérida.
Al respecto, la Magistrada de la Sala Superior, Janine Otálora Malassis, dijo que si bien en México la Constitución política reconoce que nuestra nación es pluricultural y que toda la ciudadanía goza de los mismos derechos, y además manda observar el principio de paridad para garantizar que mujeres y hombres contiendan en condiciones de igualdad, los esfuerzos normativos han demostrado ser insuficientes para realmente transformar nuestra vida cotidiana y lograr una plena democracia de calidad.
“Esto se debe en parte a la resistencia que aún existe, y que impiden a quienes integran los grupos en situación de vulnerabilidad acceder a los espacios políticos, y muestra de esto es justamente el caso ya un poco lejano, pero que en algunas entidades sigue repitiéndose, en la que los partidos políticos proponen a mujeres como propietarias en fórmulas y pasada la jornada, misteriosamente renuncian a un cargo por el que hicieron campaña y se entregaron plenamente para que suba el suplente”, comentó.
“En la democracia, uno de los principios es que todas, todos y todes somos iguales, que todas las personas tenemos los mismos derechos incluidos los políticos electorales, sin embargo, este principio no se ha reflejado en la realidad y en la vida cotidiana de todas las personas”, abundó.
En el evento, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que tiene como objetivo compartir casos emblemáticos en la defensa de los derechos políticos electorales, el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, Moisés Bates Aguilar, reconoció que en Yucatán todavía hay temas que se deben corregir en cuanto a la conformación de la integración de los cargos de elección popular, a la simulación, como bien se dijo, pero también es un punto importante tener herramientas para acudir a los órganos impartidores de justicia.
En este sentido, dijo que en Yucatán, como en muchas entidades del país, se adolece de abogados que conozcan la materia electoral, que investiguen sobre los derechos políticos electorales y que de manera gratuita faciliten a los grupos de atención prioritaria presentar una queja denuncia o demanda ante cualquier órgano inpartidor de justicia.
En presencia del vocal ejecutivo de la junta del INE en Yucatán, Luis Guillermo de San Denis Alvarado, Bates Aguilar reafirmó que el compromiso del Consejo General es que todas sus acciones vayan encaminadas a la defensa de los derechos político electorales de la ciudadanía, a efecto de superar todos los obstáculos y barreras que todavía tienen para acceder a los Tribunales Electorales.
“Por eso es necesario conocer y analizar, pero sobre todo compartir las conclusiones y las discusiones en torno a las sentencias que han emitido los tribunales electorales en los últimos años que han servido para impedir este tipo de acciones”, recalcó.
Más adelante, Bates Aguilar recordó que en Yucatán, mediante el Decreto 655/2023 del Congreso del Estado, se creó la Defensoría de los Derechos Político Electorales, la cual estará adscrita precisamente al Iepac. También comentó que ya se generaron algunos lineamientos así es que se espera que, en breve, se cuente con los recursos materiales y humanos para hacerla realidad.
“El objetivo de la Defensoría, una vez constituida, será otorgar servicio de asesoría y defensa en materia electoral, de forma gratuita y, a petición de parte, a personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica, así como a otras personas que justifiquen la necesidad de contar con dicho servicio”, explicó.
Al respecto, la magistrada Otálora Malassis dijo que a diferencia de Yucatán, a nivel federal no se ha logrado que la defensoría pública electoral esté establecida en la ley.
“Nosotros solo la tenemos en el Reglamento del Tribunal Electoral, es decir, que en cualquier momento, ya no hablo de la voluntad legislativa, sino de una integración diferente, de un plumazo se puede eliminar nuestra defensoría pública electoral”, recalcó.
Ante esta posibilidad, recalcó la importancia de cuidar y garantizar la continuidad de nuestras instituciones, tanto en el ámbito local como en el ámbito Federal.
“Tengamos presente que la democracia se debilita cuando se fragilizan a sus instituciones sin tribunales independientes y con capacidad para actuar nuestra sociedad será aún más desigual y excluyente “, puntualizó.
En uso de la voz, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón recordó que la defensoría pública electoral tiene como su principal misión asesorar y garantizar la defensa de derechos políticos de mujeres en casos de paridad de género y de violencia política de género, y que también atiende de manera ejemplar a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, a las personas indígenas, así como a los distintos grupos que han sido históricamente discriminados.
El magistrado dijo que dicha instancia atendió aproximadamente 900 asuntos en el año 2023 relacionados con litigios en los que se buscó garantizar las medidas afirmativas aprobadas en distintas sentencias en las que, afortunadamente, han generado un ciclo virtuoso en las decisiones de Congresos estatales e institutos electorales.
“Uno de los principales objetivos de la defensoría y del Tribunal Electoral es hacer que en democracia, cada ciudadano, cada ciudadana, sin importar su origen o condición pueda tener un verdadero acceso a la justicia y representación también político electoral; así es que el propósito de la defensoría Pública Electoral es brindar ese espacio y esas condiciones de protección jurídica para que puedan superar los obstáculos y las barreras que cotidianamente sufren y, a través de las herramientas que tenemos, puedan acceder a los tribunales electorales y a una representación democrática que rompa el ciclo de exclusión y nivele el acceso a la justicia y a la defensa de los Derechos políticos electorales”, puntualizó.
Este encuentro fue un escenario para refrendar el compromiso de las autoridades electorales de que, ante cualquier injusticia que pretenda violentar o vulnerar a las mujeres, las personas indígenas, la población LGBT+, las personas con alguna discapacidad o cualquiera de estos sectores, “estaremos siempre firmes para actuar con apego a la ley y, de esta manera, proteger sus derechos político electorales”.
En estos encuentros de diálogo participaron académicas, activistas, representantes de comunidades mayas, abogadas y abogados, población LGBT+, personas con discapacidad, funcionarios electorales, entre otros.
Texto y fotos: Manuel Pool
