En memoria de los daños que causaron los terremotos ocurridos en septiembre de 1985, el Gobierno de México decretó el 19 de septiembre como Día Nacional de Protección Civil.
El objetivo es fomentar una cultura de autoprotección y despertar el interés de la población por crear acciones de prevención que ayuden a minimizar los daños que derivan de situaciones de catástrofe o emergencia y en Yucatán, Protección Civil indicó que hasta el momento se han inscrito 900 inmuebles como son escuelas, empresas, centros de servicios, dependencias estatales y municipales.
Para establecer las bases de la coordinación en materia de protección civil entre la federación, las entidades y los municipios, en el año 2000 se promulgó la Ley General de Protección Civil (Lgpc). Esta rige y establece los lineamientos sobre protección civil en México y la define como el conjunto de acciones solidarias y participativas encaminadas a proteger y salvaguardar la vida de las personas, su patrimonio y el ambiente que las rodea, de riesgos de origen natural y humano.
La ley instruye a las unidades de protección civil para organizar, coordinar y operar el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y los sistemas estatales y municipales. También señaló que estas unidades se encargan de realizar acciones de prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de emergencia, fenómenos naturales o situaciones adversas provocadas por la acción humana.
En Yucatán, afortunadamente no existe actividad sísmica, salvo unas pequeñas réplicas, los simulacros sirven para hipótesis de fugas de gas, incendio, amenaza de bomba o explosiones.
El año pasado, el simulacro se realizó en el edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), donde el tiempo aproximadamente en bajar del último piso hasta la terraza fue de dos minutos con seis segundos, dentro del rango que es de tres minutos. Este año, será en la plaza grande.
Con el propósito de conocer los recursos humanos y presupuestales con que cuentan las unidades estatales de protección civil, así como de las acciones de protección civil que realizaron estas unidades durante 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presenta este comunicado con información del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022 y 2023.
En 2022, las unidades de protección civil de los gobiernos estatales contaron con 3,884 personas servidoras públicas para realizar las actividades de protección y auxilio, así como las acciones de prevención, identificación y delimitación de los riegos, entre otras que les confiere la Lgpc. Esto se traduce en un aumento de 2.3 % respecto a las 3,796 personas servidoras públicas que tenían en 2021.
En 2022 había tres servidoras o servidores públicos en áreas de protección civil estatales por cada 100 mil habitantes. Las entidades con las tasas más altas de personal de protección civil fueron: Guerrero, Nayarit, Campeche y Tabasco, con más de 10 personas servidoras públicas por cada 100 mil habitantes. Hidalgo y Baja California presentaron tasas menores a uno.
Texto y foto: Darwin Ail
