Organizaciones civiles hicieron este martes un llamado a los residentes de Texas y migrantes a conocer sus derechos ante la entrada en vigor ayer de la polémica ley que permite a las autoridades estatales detener y expulsar a personas que consideren “sospechosas” de haber cruzado la frontera con México de manera irregular.
La advertencia ocurre pocas horas después de que el Supremo de EE.UU. permitiera la entrada en vigencia de la ley S-B4 mientras se dirime una batalla en una corte de apelaciones después de que la Administración del presidente Joe Biden y defensores de los inmigrantes demandaran la iniciativa al considerarla inconstitucional.
Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la más antigua organización hispana en EE.UU., alentó ayer en una conferencia de prensa a los residentes de Texas a conocer sus derechos y a reportar los abusos relacionados con la aplicación de la medida.
Explicó que la organización habilitará en los próximos días una línea telefónica gratuita para dar información a los afectados y recibir denuncias sobre abusos por la medida.
La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los policías podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
García anticipa que su aplicación no sólo afectará a los migrantes.
Texto y foto: Agencias
