MOTUL.- Parece que el rezago de expedientes beneficia al director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Motul, Erick Martín Acosta Palma, porque el pasado enero se venció el plazo para una diligencia por el juicio por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, por los que presuntamente cobró 280 mil pesos, para concluir una obra del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y no lo realizó.
Indiscutiblemente, Acosta Palma como buen soldado no se mandaría solo y él que dio las instrucciones fue el alcalde Roger Aguilar Arroyo, quien cada vez más personas reprueban su gestión.
En la Fiscalía General de la República, correspondiente al Gobierno Federal, de ocho mil 440 carpetas de investigaciones que se iniciaron únicamente el 10.33% llegaron al juez y de ellas sólo 312 (3.6%) terminaron con sentencias. En centenares de casos, la FGR se declaró incompetente o decretó el no ejercicio de la acción penal y otros tantos se encuentran en compás de espera.
Como se ha publicado, Aguilar Arroyo busca la vida artificial políticamente hablando brincando a Morena ya que lo esperan juicios por irregularidades en su gestión.
En octubre pasado lo vincularon a proceso penal al funcionario municipal y a Didier Adriel C. M., apoderado legal de una constructora, por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades. Fueron puestos en libertad con medidas cautelares.
En este caso, al vencer el plazo de la investigación complementaria, ya se debe definir si a ambos los someten a un juicio oral o se atienen a un procedimiento abreviado, si confiesan el ilícito que se les atribuye.
La Auditoría Superior del Estado detectó que en una obra en la citada dependencia asistencial municipal no fueron concluidos unos trabajos, pero si fueron cobrados por la cantidad de 280 mil pesos.
Texto y foto: Darwin Ail
