Los gobiernos recurren cada vez más a tácticas legales para silenciar a periodistas, con acusaciones por supuestos delitos financieros y fiscales o leyes antiterroristas, todas ellas sin relación directa con su trabajo profesional, denunció ayer la Unesco.
El informe que publica este miércoles la Unesco tasó en 120 los casos comprendidos en el periodo 2005-2024, de los que más de la mitad (60 %) se produjeron entre 2019 y 2022, “lo que apunta a un marcado incremento del uso de estas denuncias contra periodistas”. El año 2022 registró el récord de 25 casos.
“Hay una clara tendencia en el aumento” de lo que se podría considerar como “una censura indirecta”, afirmó a EFE Guilherme Canela, responsable de la sección de Libertad de Prensa y Seguridad de los Periodistas de la Unesco.
Este tipo de represión actuaría de manera más sibilina, pues las autoridades echarían mano de legislaciones comunes en la mayor parte de los países (como los cargos de extorsión, blanqueo de capitales, fraude o evasión fiscal), en vez de recurrir a las leyes de difamación.
“La idea es desacreditar a la prensa como interlocutor valioso en la investigación a los poderosos”, explica Canela.
Otra de las acusaciones que denuncia la Unesco contra el ejercicio del periodismo es la que se escuda en “leyes sobre agentes extranjeros”, así como leyes antiterroristas, que sirven para acusar a los medios de comunicación de financiar actividades terroristas.
Para el alto funcionario, esta práctica de “censura indirecta” tiene “unos costes muy altos”, tanto a nivel de imagen como de consecuencias penales, ya que los informadores pueden terminar “en la cárcel”, en caso de condena.
“Sucede también una autocensura del periodista, lo hemos constatado en los que cubren asuntos medioambientales”, agrega Canela.
Texto y foto: EFE
