De acuerdo con el último Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, publicado por el Inegi, durante 2017 en Yucatán se abrieron 2 mil 386 expedientes en los órganos especializados en controversias, cifra que ubica a la entidad en el lugar número 23.
Al respecto, el presidente del Colegio de Posgraduados en Derecho de Yucatán, Jimmy Martínez Rodríguez, afirmó que en el ámbito penal hay cierta desconfianza con los métodos alternativos de solución de controversias, como es el juicio abreviado o mediación, porque el responsable del delito obtiene beneficios que la ley le otorga, y que se percibe como una falta de justicia.
“Este tema tiene que ver con una cuestión cultural, pues los yucatecos normalmente preferimos la negociación y los acuerdos, sin embargo, en los juicios abreviados las penas disminuyen porque se reconoce el delito y se puede evitar la prisión, incluso la reparación económica del daño a es menor, lo cual muchas veces no deja satisfecha a la víctima”, indicó.
Indicó que en Yucatán la mediación está funcionando mejor en los ámbitos mercantil y familiar, pero no así en lo penal porque los afectados buscan castigo para el delincuente, incluso por encima de la reparación monetaria del daño causado.
Martínez Rodríguez explicó que en el nuevo sistema penal, las víctimas del delito y los responsables de cometerlo pueden entender con claridad lo que sucede antes y durante un juicio, por tanto, “esta nueva forma de hacer justicia no todo implica cárcel, ya que existen delitos no graves, que pueden resolverse asegurando la reparación del daño y mediante otro tipo de sanciones, incluso con medios alternativos”.
Señaló que el nuevos sistema penal acusatorio facilita el camino al juicio abreviado, “pero la ley tiene ciertos vacíos que no garantizan la justa reparación del daño porque muchas veces la víctima recibe una parte como reparación cuando debería recibir tres veces más; por ello, es fundamental hacer una revisión de los mecanismos de reparación del daño para hacer más atractiva la mediación”.
Asimismo, el estudio del Inegi revela que Yucatán ocupa el cuarto sitio a nivel nacional en la cobertura y capacidad de recepción de denuncias penales ante los ministerios públicos, pues el estado tiene 14 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, lo que se traduce en que los yucatecos tienen la cultura de la denuncia.
“El número de ministerios públicos en Yucatán reveló la inversión que la pasada administración estatal realizó en materia de seguridad, pero al mismo tiempo indicaron que las autoridades judiciales deben impulsar el perfeccionamiento de los ministerios públicos porque son organismos fundamentales en el nuevo sistema de justicia penal, desde el inicio del proceso”, puntualizó Martínez Rodríguez.
