Carlos Hornelas
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El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que mediante un decreto integrará a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, es decir, hacerla parte del ejército.
En un pasado reciente, el candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, recriminaba a los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón haber sacado de los cuarteles al ejército para realizar tareas de seguridad nacional. En ese entonces opinaba que “no debe usarse al cuerpo militar para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles”.
Hasta la fecha se ha manifestado en contra de lo que llama una “estrategia fallida” de atención al problema de la violencia y el narcotráfico. Y remata siempre diciendo que se trató del inicio de una guerra que solamente sirvió para derramar sangre y que incrementó los índices de violencia sin atender las causas que la generaron.
De hecho, tanto la Constitución mexicana como las leyes en la materia le otorgan a esta corporación un carácter civil con un mando al frente de carácter civil. ¿Por qué ignora estos mandatos legales y busca imponer su nuevo criterio? Es sumamente inusual que el decreto que amenaza con publicar busque ignorar lo votado por ambas cámaras del congreso,en el pasado, en las cuales tiene mayoría, y esquive el paso natural de una iniciativa a través de ambas cámaras nuevamente. Es como si simplemente desconfiara de sus aliados en el Congreso, o los hiciera a un lado.
Por otra parte, es difícil pensar que ningún asesor le haya advertido que su decreto no cuenta con el peso legal de la reforma constitucional que se hizo para lograr la creación de la Guardia Nacional, es decir, que dicho decreto no es constitucional.
Como se sabe, una de las principales críticas que se hace a la idea de que el ejército ejerza labores de seguridad es el entrenamiento al cual son sometidos durante su formación. Un militar es un arma letal en potencia que busca aniquilar al enemigo. Razón por la cual parte de la premisa de que cualquier persona puede ser un enemigo encubierto y sospecha de sus movimientos, como un estado de alerta normal que le asegura su supervivencia y victoria. Cuesta mucho trabajo pensar que con esto en mente también tengan presente el respeto a los derechos humanos.
Ahora bien, esta incorporación expandirá el área de poder e influencia de las fuerzas armadas al ámbito civil, el cual paulatinamente han ido colonizando, pues en la actualidad, están a cargo de las aduanas, de la obra civil para construcciones como la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles, tres tramos del tren Maya, algunas sucursales del Banco de Bienestar, la venta de boletos de la rifa del avión presidencial, el combate al huachicoleo, el reclutamiento de operadores de pipas de combustible, el plan DN III, en caso de catástrofes naturales, la distribución y aplicación de vacunas, su participación en el programa Sembrando Vida, la operación de 33 centros de capacitación del programa Jóvenes Construyendo Futuro, la entrega de libros de texto, el traslado del secretario Adán Augusto en la promoción ilegal del voto a las consultas y por supuesto la delicada e importante misión de la repatriación de las cenizas del cantante José José en un avión de la Fuerza Aérea.
La militarización del país es una preocupación creciente en proporción directa al incremento de la violencia y los índices delictivos. No solamente se resiente entre los nacionales, sino entre los migrantes que efectivamente son retenidos para no tocar la tierra del sueño americano, como lo piden nuestros vecinos. Es cada vez más difícil creer que quien dice admirar a Juárez por su apuesta a una república civilista y su repudio a una militarista dirija sus pasos en la misma dirección.
