El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso estatal, Víctor Hugo Lozano Poveda, considera normal que ante un cambio haya resistencia
El Congreso del Estado hizo acuse de recibo de que hay unas 200 solicitudes de amparos de igual número de trabajadores, que se sienten vulnerados en sus derechos por la nueva Ley del Isstey, cuya finalidad, dijo el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, es garantizar las pensiones y jubilaciones de los mismos derechohabientes.
En entrevista, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Lozano Poveda, dijo que también están analizando los alcances de un amparo que le dieron a una magistrada por la Reforma Judicial.
“Tenemos un recurso a nuestro alcance, en estos días debemos de resolver y tenemos hasta el viernes para poder determinar si el Congreso del Estado”, dijo.
Se trata de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Leticia Cobá Magaña, quien logró un amparo de la justicia federal y, que por ahora, no le aplica la reforma y conserva sus derechos adquiridos con la antigua ley.
“Tenemos una cifra superior a los 200 amparos en el caso de la Ley del Isstey, pero en el caso del Poder Judicial únicamente los tres magistrados que decidieron esa vía”, dijo.
Sin embargo, Lozano Poveda dijo que es normal que ante un cambio haya resistencia, que en este caso se ha manifestado en los amparos.
“Cada Legislatura tiene su número de amparos relacionados con alguna expedición de ley, es algo natural, por eso yo creo que es parte de un proceso que debemos cuidar definitivamente porque el argumento que debemos utilizar es el respaldo del trabajo legislativo de los argumentos que se encuentran dentro de la exposición de motivos de cada una de las leyes aprobadas”, afirmó.
Aprueban dictamen de instalación de Ayuntamientos
En sesión de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, se aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen de la iniciativa presentada por la diputada del PAN, Melba Gamboa Ávila, en materia de instalación de ayuntamientos, la cual tiene por objeto subsanar un vacío de ley que se encuentra en la Ley de Gobierno de los Municipios puesto que no se precisa claramente los detalles y términos de la instalación.
Como parte del orden del día, se dio lectura al proyecto de protocolo con el cual se llevará a cabo una consulta a los pueblos y comunidades afromexicanas en el ejercicio de su libre determinación, como parte de los trabajos de análisis de la iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado, en materia de reconocimiento de estos y de otros pueblos originarios que tengan asentamientos en Yucatán.
En el documento se especifica que esto se realiza como un ejercicio de participación, consulta previa, libre, informada y de buena fe para que las personas participen en la elaboración del proyecto de decreto y se adecúe a las necesidades y aspiraciones de su libre determinación.
El proceso de la consulta se dividirá en las siguientes etapas: informativa, deliberativa, consultiva y de seguimiento.
Texto y foto: Esteban Cruz Obando
