Carlos Hornelas
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Con motivo de la conmemoración del día de la madre, diversos colectivos defensores de los derechos humanos y activistas se manifestaron por la situación prevaleciente en todo el territorio nacional en donde la ocurrencia de feminicidios no disminuye.
A últimas fechas los estados que acumulan mayores casos son la Cdmx, Nuevo León y Veracruz. Algunos de ellos, como el Debahni Escobar han acaparado la atención de los medios de comunicación y las redes sociales virtuales.
A la par, crece la ola de violencia en el país con manifestaciones que salen de las proporciones habituales con que se le había “normalizado”. Desde el inicio de año son comunes las balaceras en diversos puntos. En la última semana destaca un ataque de un comando armado a la fiscalía del Estado de México, el segundo en un año, al que le siguió el incendio de camiones en la carretera.
En Cancún, el pasado siete de mayo, una serie de escaramuzas intermitentes dejaron una lluvia de plomo que cayó sobre diferentes bares y dejó al menos dos muertos y siete heridos de bala. Los eventos fueron registrados por usuarios de las redes sociales quienes subieron el contenido desde distintos ángulos.
En Colima, se han superado los 86 días consecutivos con hechos de sangre y violencia en el Estado, entre los decesos se cuentan policías, cantantes, madres de familia, parroquianos de bares. La causa es la supuesta lucha desatada por el control de la plaza a manos del crimen organizado.
En Sultepec, el 3 de mayo, la familia michoacana se adjudicó un atentado contra las instalaciones de la fiscalía regional, cuya duración se estima por lo menos en cuarenta minutos. Ante el asedio de sus agresores y la cantidad de proyectiles disparados, los agentes terminaron resguardándose al interior.
En Chicomuselo, Chiapas, el 10 de mayo, integrantes del ejército mexicano se enfrentaron en un tiroteo con grupos armados. Al tratar de huir, los militares les dieron alcance y en la refriega resultaron lesionados diez elementos y una unidad militar volcó en un barranco.
En San Luis Potosí, en la Feria de Rayón y durante la presentación del grupo “Fuga Norteña”, una camioneta con tripulantes armados inició una serie de hostilidades en contra de las fuerzas armadas que patrullaban y las detonaciones causaron el pánico de los asistentes quienes se refugiaron en el palacio municipal. Se reportó que una persona perdió la vida y otra fue herida.
Mientras tanto, una investigación periodística de EmeEquis revela que, amparados en el supuesto de “prevenir el delito”, la Guardia Nacional ha intervenido comunicaciones privadas y ha tenido acceso al registro de usuarios de AT&T, Movistar, Telcel y Telmex.
La Guardia Nacional enfrenta una serie de acusaciones que le señalan una actuación que puede calificarse como controversial. Existen al menos 992 quejas de violación de derechos humanos y once expedientes por homicidio. Entre otras se menciona detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano o degradante, intimidación, tortura, cateos sin el cumplimiento de protocolos y desaparición forzada.
En un caso reciente, un estudiante de la Universidad de Guanajuato, salía de una fiesta con sus amigos, a bordo de una camioneta a la que elementos de la Guardia Nacional le marcaron el alto. Minutos después una bala acabó con su vida.
La primera obligación del Estado es proteger al ciudadano, de donde recibe el mandato y gracias al cual existe el erario que financia la administración pública. En la última semana se suman las muertes de tres periodistas más, apenas unos días después de conmemorar el día internacional de la libertad de prensa. Cada vez que se apaga la vida de un periodista, un sector social se queda sin voz, el ciudadano no se informa y la pista para seguir los hechos se pierde para siempre.
