SACRAMENTO.- Procuradores de 16 estados, incluida California, presentaron una demanda contra el presidente Donald Trump en la Suprema Corte de Estados Unidos, para pedir que se archive el veto a inmigrantes de varios países que dictó el mandatario en una orden ejecutiva de febrero pasado. “Mis colegas abogados generales y yo creemos que la Corte Suprema de nuestra nación confirmará que la prohibición es inconstitucional”, aseveró Xavier Becerra, procurador de California,.
“Hemos luchado contra esta prohibición descaradamente discriminatoria hasta el Tribunal Supremo porque no representa quiénes somos como país. California es un estado acogedor y la sexta economía del mundo, porque abrazamos a personas de todos los orígenes, religiones y etnias que vienen aquí a trabajar duro y construir nuestro estado. No planeamos parar ahora”.
Becerra presentó el escrito de amicus ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el que ratifican su oposición al intento de la administración de imponer una prohibición para viajar a Estados Unidos a personas de seis países de mayoría musulmana.
En el escrito, argumentan que la Corte debe impugnar “por la abrumadora e irreflexiva evidencia del “animus antimusulmán” y por “la falta de una auténtica justificación de la seguridad nacional; y los daños que la prohibición causaría a los estados, sus residentes e instituciones”.
La orden ejecutiva de Trump ha sido suspendida por fallos sucesivos de una corte federal een Hawai y este lunes por la novena Corte de Apelaciones en San Francisco, que ratificó la prohibición de esa polémica medida.
Por otra parte, los fiscales generales de Maryland y el Distrito de Columbia también demandaron a Trump, alegando que recibe pagos de gobiernos extranjeros a través de su imperio empresarial desde su llegada a la Casa Blanca, lo que supone una “violación flagrante” de la Constitución y, en concreto, de la “cláusula de emolumentos”, la fórmula anticorrupción detallada en la Carta Magna.
El temido “conflicto de interés”, desaparecido desde hace semanas de la jerga de Washington por la potencia del Rusiagate, vuelve a primera línea para llevar más problemas a Trump. Se trata de la primera vez que entidades gubernamentales —las dos de carácter demócrata— abren el frente de conflicto de interés y denuncian que, de demostrarse, podría crear una administración “corruptible”.
“La incertidumbre sobre si el presidente está actuando en el mejor interés del pueblo estadounidense, o por contra, su fin es el enriquecimiento personal, infringe un dolor continuo en nuestra democracia (…) que está en riesgo”, dijeron los fiscales Karl Racine (Distrito de Columbia) y Brian Frosh (Maryland). Agencias
