La empresa ATCO de Canadá acordó transferir a México la propiedad del gasoducto Ramal Tula, en Hidalgo, que estaba inmerso en una disputa con la Comisión Federal de Electricidad, dijeron a Reuters dos funcionarios, mostrando un inusual avance en las actuales tensiones sobre el sector energético.
La CFE tuvo que pagar en 2021 a ATCO unos 100 millones de dólares en concepto de daños, intereses y honorarios legales por el gasoducto no terminado. El acuerdo para entregar el gasoducto liberará a ATCO de responsabilidades y dará al presidente Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de terminar el proyecto paralizado que fue diseñado para suministrar gas natural a una central eléctrica al norte de Ciudad de México, dijeron las fuentes.
Tres personas familiarizadas con el asunto dijeron que el acuerdo para entregar el proyecto se alcanzó después de que López Obrador se reuniera en enero con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien aprovechó sus conversaciones para plantear las preocupaciones de las empresas energéticas canadienses en México.
López Obrador se reunió después con representantes de empresas energéticas canadienses, incluida ATCO, y los detalles de la transferencia se cerraron a finales de febrero, dijo una de las fuentes. No hubo un pago involucrado en la transferencia, dijeron dos de ellas.
El acuerdo, beneficioso para ambas partes, contrasta con conversaciones de disputas no resueltas centradas en las políticas energéticas de López Obrador, que han enfrentado a Estados Unidos y Canadá con México.
Argumentando que los gobiernos anteriores sesgaron el mercado energético mexicano a favor del capital privado, López Obrador ha tomado una serie de medidas para reforzar el control estatal del sector.
Sin embargo, las empresas estadunidenses y canadienses argumentan que sus medidas las ponen en desventaja e incumplen un acuerdo comercial norteamericano. En julio, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá iniciaron conversaciones formales de resolución de disputas con México en materia de energía.
ATCO acudió al arbitraje porque después de que López Obrador asumió el poder en 2018, la CFE canceló un contrato que la empresa, con sede en Calgary, hizo con la administración pasada para construir el gasoducto, con el argumento de que la obra estaba incompleta, informó Reuters.
Para entonces, ATCO ya había terminado la mayor parte del gasoducto de 17 kilómetros. Sin embargo, la empresa canadiense dijo que no podía completar el tramo final debido a la resistencia de las comunidades locales e invocó fuerza mayor.
La empresa argumentó que México no había hecho lo suficiente para permitir la finalización del gasoducto y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres le dio la razón, dijeron las fuentes. México pagó en diciembre de 2021, según personas familiarizadas con el asunto.
El gobierno anterior en México valoró inicialmente el proyecto Ramal Tula en 66 millones de dólares cuando se adjudicó el contrato en 2014.
