Cynthia Ortiz Monroy plantea acercar la justicia a las comunidades vulnerables con centros móviles de asesorías jurídicas
Con solo 27 años, Cynthia Ortiz Monroy es la candidata más joven en aspirar a un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien defendió que la edad no es impedimento para ser una opción real de formar parte del Poder Judicial.
También defiende una visión de justicia interseccional y cercana, motivada por años de activismo y experiencia directa en casos de injusticia social.
Ortiz, quien se ubica con el número 23 en las boletas moradas, comentó que su activismo comenzó a los 17 años cuando decidió acercarse a víctimas de trata en el basurero del popular municipio Nezahualcóyotl.
Su experiencia más profunda ocurrió cuando una madre lamentó haberla conocido muy tarde para salvar a su hija. Desde entonces, se comprometió a generar cambios profundos desde diversas trincheras.
“No puedo irme de este mundo junto con mis compañeras sin hacer ningún tipo de cambio”, afirmó.
Ortiz reconoció que su juventud es tanto ventaja como desventaja, ya que enfrenta críticas constantes sobre su supuesta falta de experiencia judicial.
“La edad no define; la trayectoria y el conocimiento sí”, defiende Ortiz, recordando que la mayoría de ministros históricamente tampoco tuvieron trayectoria judicial previa, mientras aspira a un cargo que no ha sido ocupado por una persona menor a los 50 años.
Ortiz planteó tres propuestas centrales: erradicar las redes de corrupción en defensas privadas, socializar el derecho para hacerlo entendible a la ciudadanía, y crear un centro móvil de asesoría jurídica gratuita, especialmente enfocado en comunidades vulnerables.
También criticó que históricamente los espacios judiciales hayan estado reservados para personas provenientes de contextos privilegiados, denunciando prácticas discriminatorias y elitistas dentro del propio Poder Judicial.
Ortiz enfatizó que la justicia debe acercarse a las personas y cuestiona la indiferencia del Poder Judicial ante los casos que implican sesgos de clase, género y raciales.
Criticó de forma enfática lo que llama una “red de coyotes”, abogados privados que, según denuncia, estafan a familias vulnerables, manteniendo injustamente encarceladas a personas inocentes.
“No es posible que simplemente las personas por no conocer el derecho, por no tener privilegios económicos, políticos o intelectuales estén criminalizados, porque la realidad es que quien accede al derecho son quienes tienen este tipo de privilegios, quienes pueden pagar una buena defensa”, señaló.
En este sentido, consideró esencial erradicar estas redes mediante una profunda reforma del sistema jurídico que incorpore perspectivas sociológicas e interseccionales, es decir que se pueda juzgar con criterios a partir del género, de la condición socioeconómica, racial, entre otros.
Texto y foto: Agencias
