El abuso sexual a manos de familiares, entre otras vejaciones, es el “pan de cada día”, acusan.
LA IMPOTENCIA DE SABER QUE MENORES DE EDAD SON VÍCTIMAS de abuso sexual por parte de familiares, sin saber qué hacer para poder ayudar, es parte de lo que en los últimos seis meses ha vivido la presidenta de la agrupación “Mujeres con violencia y jóvenes en riesgo de suicidio y violación”, Sandra Ordaz Castillo.
Reveló que inclusive junto con su equipo de trabajo, han recibido agresiones que les han obligado a buscar asesoría con abogados y otras instancias dedicadas a este rubro tan delicado para poder estar en condiciones de retornar a la Guadalupana, una colonia ubicada en el sur de Mérida, donde afirmó existen al menos unos 25 casos de niñas de entre 10 y hasta los 16 años, que son abusadas por tíos, hermanos y hasta sus padres.
“Esto no sucede solo en esta colonia, sino que está presente el problema en todo el sur de la ciudad, donde la falta de atención y abandono es común. Las familias están envueltas en líos, pleitos, drogadicción, y un alto grado de alcoholismo, que de verdad es impresionante”, subrayó la activista, quien señala que la policía se hace de la vista gorda ante toda esta problemática.
Ordaz Castillo acudió a escuchar el informe Violencia sin Interrupción, que versa sobre cifras de los abortos por violación que se han logrado hacer efectivos a partir de la entrada en vigor de la norma 046, y en esa misma sesión, una de las asistentes que se identificó como personal de la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán, confirmó que el problema de abuso sexual a manos de familiares es el “pan de cada día” en las comunidades como Umán, donde el común denominador es la falta de denuncia por miedo.
“Mucha gente por ignorancia, o porque está acostumbrada a que se tiene que hacer lo que el varón dice, porque tiene el derecho de mandar sobre sus hijas y puede hacer con ellas lo que quiera, y entonces se ha dado caso de que tienen hijos con sus hijas, (incesto), y cuando se quiere intervenir, ellos obstaculizan, agarran a sus familiares y se van, desgraciadamente es una práctica común, pero son pocos los casos que se dan a conocer, da mucha tristeza decirlo, pero es real”, señaló la entrevistada.
Amelia Ojeda Sosa, coordinadora de Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (Unasse), comentó al respecto que se requieren políticas publicas efectivas para la prevención y en los casos que se estén dando, las autoridades deben de atender la denuncia de manera oportuna, rápida para salvaguardar la integridad física y emocional de las víctimas de violación y también para garantizar el ejercicio de sus derechos. No debe haber impunidad y sentar un precedente”, subrayó.
Texto: Manuel Pool
Fotos: Archivo
