Laura esperó horas en el desierto de Arizona a que los agentes de migración llegaran. Quería contarles cómo tuvo que dejar la ciudad donde vivió 31 años, cómo primero llegaron las extorsiones y luego las amenazas de muerte y cómo, si volvía, estaba en riesgo su vida y la de su familia.
Pero cuando por fin la detuvieron y la llevaron a un centro, se encontró con otra pared: “Todos dicen que no hablan español, que no pueden ayudar”, cuenta a EFE la mujer, nativa de Ciudad de México, desde un refugio en Nogales (Sonora) ocho días después de haber sido devuelta por las autoridades estadounidenses al otro lado de la frontera.
Mientras el Gobierno de Joe Biden celebra el “éxito” de las nuevas restricciones al asilo en la frontera sur, los migrantes expulsados denuncian que sus temores fueron ignorados por las autoridades.
Las normas, que entraron en vigor el 5 de junio, restringen el acceso al asilo salvo algunas excepciones. Están pensadas para levantarse cuando las detenciones en la frontera bajen a 1,500 diarias, algo que no sucede desde 2020.
Más de media docena de mexicanos que fueron devueltos a su país tras haber cruzado a Arizona cuentan a EFE que, aunque expresaron a la Patrulla Fronteriza sentir miedo de ser deportados o pidieron solicitar asilo, no se les permitió presentar sus casos.
Activistas en EE.UU. y México corroboran que esta es la nueva realidad tras la entrada en vigor de las restricciones: cientos de mexicanos deportados a diario sin haber pasado por ningún tipo de filtro para asegurarse que no van a ser retornados a situaciones de peligro.
Las restricciones al asilo eximen sobre el papel a las víctimas de trata de personas y a quienes se enfrenten a una amenaza inminente contra su vida o su seguridad. También contemplan un filtro más estricto para solicitar protecciones diferentes al asilo.
Sin embargo, las autoridades ya no están obligadas a preguntar a los migrantes si tienen miedo de ser devueltos o quieren solicitar asilo y el peso recae en ellos, que deben pedir ser escuchados.
En el sector de Tucson, que comprende 421 kilómetros de frontera y abarca casi todo el estado de Arizona, la mayoría de los cruces irregulares son de mexicanos. Por la cercanía territorial, es más sencillo para las autoridades migratorias expulsar a las personas de este país, por encima de otras nacionalidades para las que se necesita un vuelo de deportación.
Como parte de las nuevas restricciones, a los mexicanos ahora se les está expulsando con una deportación exprés, que conlleva una prohibición de cinco años para entrar a EE.UU..
Pero las autoridades no les están entregando el papeles que certifica que han sido deportados, por lo que muchos no son conscientes de esa penalidad. El Departamento de Seguridad Nacional no contestó a preguntas de EFE al respecto.
Texto y foto: EFE
