SEGUNDA PLANA – PUNTO MEDIO

HASTA 25 MIL millones de pesos costarían las elecciones que se realizarán en todo el país el 1 de julio de 2018. No queremos cansarlo, amable lector, comparando esa cifra con lo que se asigna a rubros tan importantes como salud, educación y seguridad, pero le podemos asegurar que en muchos casos tal monto es muy superior. Por eso es muy entendible, nos parece, la dura crítica que hace el presidente del Centro Empresarial de Mérida, Gustavo Cisneros Buenfil, a la decisión que tomó (como detallamos en las páginas 4 y 5) la Suprema Corte de Justicia para echar por tierra la propuesta del Congreso de Yucatán de reducir a la mitad el financiamiento que reciben los partidos políticos en el estado. El dirigente afirmó que las continuas reformas electorales “han generado un engendro legal en el que los únicos beneficiados han sido los partidos”. La decisión de la Suprema Corte, expresa Cisneros Buenfil, no atiende la inconformidad por el alto costo de nuestra democracia, y tiene el efecto negativo de lastimar profundamente el ánimo de una sociedad que cree ya muy poco en un sistema que le genera cada vez menos beneficios.

 

LA PRESENTACIÓN en la Ciudad de México del Índice Global de Impunidad elaborado por la Universidad de las Américas Puebla dio pie a un pronunciamiento muy interesante de los coordinadores de ese estudio, Juan Antonio Leclercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, en el sentido de que los malos resultados del Sistema de Justicia Penal Acusatorio se deben a la falta o desperdicio de recursos humanos, materiales y financieros para la capacitación y actuación de jueces, ministerios públicos, peritos y policías. Esas voces se suman a muchas otras que ya han señalado que tal sistema penal no está rindiendo los resultados que se ofrecieron, pese a lo cual hay magistrados que defienden el nuevo esquema, y su defensa no estaría mal si no fuera porque esa actitud les impide ver con claridad las fallas, y corregirlas. El hecho es que, para variar, la aplicación de la justicia va cuesta arriba en México, pues como ya se sabe ninguna enfermedad puede curarse si primero no es diagnosticada con certeza.

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