Luego de poco más de dos años de protestas y litigios, la comunidad maya y avecindados de San Antonio Chel, en Hunucmá, estarían cerca de conseguir su objetivo: que las autoridades cierren la actividad de una granja de vacunos que estaría contaminando el manto freático en la zona.
El abogado Carlos Escoffié Duarte, quien asesora jurídicamente a la comunidad, afirmó que ya son más de dos años de lucha, en los que han dialogado directamente con los propietarios de la granja para que cierren el establecimiento o que apliquen medidas de contingencia; no obstante fueron ignorados y por ello acudieron a las instancias jurídicas, con demandas ante la justicia federal.
Ayer lunes se informó que la granja vacuna ubicada en San Antonio Chel podría ser clausurada, en virtud de que un juez federal ordenó a distintas autoridades que la fiscalicen por estar operando sin permisos y por considerar que está generando “un alto riesgo al medio ambiente de la comunidad”.
Esta orden se da como medida cautelar en el marco del juicio de amparo promovido por la comunidad maya y los avecindados de la misma.
En marzo de 2019, la comunidad maya de San Antonio Chel presentó una demanda de amparo en contra de la granja que opera en su territorio, debido a la contaminación con excremento de cientos de vacas que genera en el agua ubicada en el manto freático.
Los pobladores de la zona primero resintieron la contaminación por los olores, y luego por muestras de agua que demostraron la presencia de la peligrosa bacteria E. coli en el líquido subterráneo de los alrededores.
Asimismo lograron demostrar que la granja se encuentra justo encima de un sistema de ríos subterráneos que abastece cenotes y pozos de la zona.
Después de varios meses de espera, el Juzgado Segundo de Distrito concedió a la comunidad de San Antonio Chel una medida cautelar para efectos de que el Ayuntamiento de Hunucmá, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, en el plazo improrrogable de tres días, verifiquen la granja y si están incumpliendo medidas ambientales.
-Ello con el objeto de decidir si es factible o no la continuación de la operación de la granja de mérito -dijo el abogado Escoffié, quien señaló que la decisión es un gran paso para la comunidad.
“El juez advierte que la granja no cuenta con todos los permisos, que existe un alto riesgo ambiental en la zona y que efectivamente las autoridades demandadas no han cumplido con sus obligaciones de supervisión y control”, detalló.
En su resolución, el juez federal indica que esta falta de permisos implica “un alto riesgo para el medio ambiente de la comunidad”.
Por su parte, Guillermo Solís Guillermo, también abogado de la comunidad, reiteró que el juez detalló en su resolución que la granja está funcionando sin los permisos requeridos, por lo cual es muy probable que cuando las autoridades fiscalicen la granja procedan a su clausura.
Además, el juez multó al municipio de Hunucmá por negarse a rendir informes y a otorgar la información que el juez le requirió en distintas ocasiones.
-Al igual que Homún, Kinchil y Hampolol, el caso de San Antonio Chel demuestra la crisis ambiental que se vive en Yucatán -destacó Carlos Escoffié.
El entrevistado también subrayó que el modelo de desarrollo a partir de megagranjas está comprometiendo la supervivencia ambiental de las generaciones presentes y de las futuras.
Cabe señalar que el juicio sigue en trámite y será resuelto por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Yucatán en los próximos meses.
Dónde se ubican
San Antonio Chel es una comunidad maya de 200 habitantes, cerca de la cabecera municipal de Hunucmá. Ha permitido la llegada de algunos avecindados, pero con la condición de que siembren productos que no contaminen el manto freático, como milpas, frijol y otras actividades, como la apicultura.
-También para que tengan un lugar donde construir casas de descanso. Es decir, la comunidad no está vendiendo de forma masiva sus terrenos -aseguró el abogado.
Ahora bien, los terrenos se vendieron a unas personas que a su vez lo revendieron y los nuevos propietarios fueron los que decidieron construir la granja, ya que no hicieron válido el acuerdo original.
-Un buen día la comunidad se dio cuenta que el agua que salió del tubo olía a materia fecal de las vacas, fue cuando indagaron y se dieron cuenta que estaba en operaciones una granja vacuna a pesar de que los acuerdos comunitarios eran que las personas que adquirían los terrenos no se dedicarán a esas actividades -recalcó Escoffié Duarte.
Fue cuando empezó la lucha ante los dueños, ante las autoridades y, tras la indolencia de las mismas, se llegó a la justicia federal que hoy ya tiene en jaque a las autoridades que no dieron permisos, pero tampoco evitaron que la granja entrara en funciones.
Textos: Esteban Cruz Obando
Fotos: Cortesía
