Armando Escalante
Periodista y analista político
Quedan pocas horas para que sepamos qué pasará con el despropósito presidencial de destruir al INE y en su lugar, reinstalar el control de las elecciones desde el gobierno federal, para cumplir los caprichos de Manuel López. La Suprema Corte tiene en sus manos el futuro democrático del país. Su fallo deberá impedir que prospere la intención de destrozar al ente que organiza, sanciona y vigila las votaciones. El proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) contempla la reestructuración del INE en sus órganos desconcentrados. Elimina las 300 Juntas Ejecutivas Distritales (JED) que son las encargadas de realizar el trabajo sustantivo, en todo el territorio nacional, para la preparación, organización y celebración de elecciones.
En lugar de esos 300 cuerpos ejecutivos colegiados se propone que exista, en el mejor de los casos, una Oficina Auxiliar ocupada por una sola persona (vocalía operativa) que tendría, bajo su responsabilidad, las tareas legales que hoy corresponden, como marca la constitución, a órganos ejecutivos no unipersonales.
Se contempla reducir la estructura de las 32 Juntas Ejecutivas Locales que, de cinco vocalías -las mismas que en las Juntas Ejecutivas Distritales pues sus funciones son semejantes para cumplir con las atribuciones del INE-, pasan a tres vocalías al eliminar la Vocalía Secretarial y fusionar la de Organización Electoral con la de Capacitación y Educación Cívica. La reforma afecta de forma directa la actualización del Padrón Electoral y la cartografía electoral.
A nivel distrital se lesionan las tareas de actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, la depuración del mismo, así como la supervisión y seguimiento de las actividades que realizan los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) –que es donde la ciudadanía tramita su credencial para votar.
La reforma plantea que los módulos se instalen preferentemente en oficinas gubernamentales, escuelas o centros de salud, donde no hay garantía de que exista la infraestructura informática, de transmisión y resguardo de datos que permitan proteger datos personales sensibles como son las fotografías y las huellas dactilares de cada ciudadana y ciudadano.
Según consta en un texto del INE, afectar la actualización del Padrón también significa lastimar una cartografía electoral puesta al día. No basta con tener a cada ciudadana y ciudadano en el listado, sino que hay que tener geo referenciado con precisión su domicilio, pues así se sabe en qué casilla le corresponde votar. De esta forma, dado que siempre hay nuevos asentamientos humanos o crece la población en alguna sección electoral, el INE actualiza su cartografía electoral y puede hacer las tareas de instalación precisa de casillas. “Al dañar la puesta al día del Padrón y la cartografía se compromete desde la base toda la planeación del trabajo del INE en la preparación y organización de las elecciones” —detalla el organismo.
La desaparición de los vocales de capacitación en los 300 distritos electorales implica dañar las tareas de educación cívica permanentes pero, sobre todo, no contar con el personal encargado de capacitar a 12 millones de ciudadanas y ciudadanos cada elección federal para integrar las Mesas Directivas de Casilla.
En cada distrito, en promedio, se instalan 550 casillas cada que hay elecciones, y se visita en sus domicilios a 40 mil ciudadanas y ciudadanos para que funjan como funcionarios de casilla. El personal especializado a cargo de esa tarea simplemente desaparece con la reforma que compromete la instalación de las casillas y, con ello, arriesga el ejercicio del derecho al voto ciudadano.
Queda claro por qué el plan B es tan perjudicial, porque va directo a la destrucción del árbitro desde su trabajo inicial desde abajo, desde las raíces mismas de la democracia.
Los vocales de organización electoral tienen a su cargo hacer los recorridos en todo el territorio del país para saber dónde se instalará cada casilla dentro del espacio de cada sección electoral.
Además, son los encargados de proveer los materiales para que cada casilla sea instalada, tienen bajo su responsabilidad confeccionar los paquetes electorales, coadyuvan a los conteos rápidos para que haya información oficial cierta de la preferencia de la ciudadanía el mismo día de la jornada electoral y, además, coordinan los cómputos oficiales de votos (incluidos los frecuentes recuentos de sufragios).
Prescindir de estos profesionales de la organización electoral en los 300 distritos y en las 32 entidades compromete el pleno respeto al sufragio.
El xix.— La semana que viene todos tenemos una cita en el Monumento a la Patria a las 11 de la mañana. Ojalá que desde el gobierno se atrevan a promover esta convocatoria, que pidan que la sociedad se una en la defensa de la democracia, den la cara defendiendo al INE y hasta diciendo ¡presente! en esa concentración. Ojalá.
