A tres años de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz , a manos de policías municipales, los gobiernos federal y estatal se disculparon públicamente con los familiares de las víctimas.
El gobernador Cuitláhuac García se comprometió a dar seguimiento a todas las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para garantizar la justicia en este caso.
El mandatario estatal agregó: “Que quede muy claro, Susana, Alfredo, Bernardo, José y Mario eran inocentes y nunca debieron vivir los hechos que sufrieron”.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció a su vez que el Estado mexicano no ha garantizado la seguridad de sus habitantes, y que la colusión entre el crimen organizado y las autoridades de los tres niveles de gobierno persiste hoy en día.
“Este acto es muestra de reconocimiento de la gravedad de hechos, de poner a las victimas en el centro de nuestro actuar (…) La delincuencia organizada aún opera en colusión con autoridades de todos los niveles, pero esto ya no seguirá ocurriendo”.
A nombre del gobierno federal, Encinas prometió justicia para las cinco familias de Tierra Blanca y garantías para la no repetición de los hechos.
“Las disculpas públicas no son suficientes, no reparan la gravedad de los hechos, pero son un primer paso para hacer justicia y castigar a los perpetradores de estos delitos (…) Nos comprometemos a acompañar las investigaciones federales que se encuentren pendientes”, señaló el funcionario.
Bernardo Benítez, padre de una de las víctimas, expresó que aunque no cree en la justicia del Estado mexicano, los gobiernos federal y estatal –que hoy encabezan Andrés Manuel López Obrador y Cuiltláhuac García, repectivamente– tienen una gran oportunidad para hacer justicia a todas las víctimas de desaparición forzada.
“No soy quien para hablarles de justicia, tengo razones fundadas para no creer en esta, si hubiera justicia, nuestros jóvenes hoy vivirían. No creo en la justicia del Estado mexicano (…) Al fiscal Gertz Manero: si casos como el nuestro no los resuelve, se manchará las manos; es una gran oportunidad, aprovéchenla”.
Benítez refirió que el Veracruz que recibió Cuitláhuac García tiene “instituciones dinamitadas”, con funcionarios que trabajan en el crimen organizado, por lo que, insistió, no puede permitir nunca más que la policía siga desapareciendo gente sin que nadie investigue.
La desaparición
La mañana del 11 de enero de 2016, Susana Tapia Garibo, de 16 años de edad, José Alfredo González Díaz, Bernardo Benítez Arroniz, ambos de 25 años, José Benítez de la O, de 24 años, y Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27 años, iban a bordo de un vehículo con dirección a Playa Vicente.
Los jóvenes regresaban a sus hogares tras celebrar el cumpleaños de uno de ellos, cuando, en la carretera de Tierra Blanca y a plena luz del día, fueron interceptados por policías municipales que los entregaron a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con las declaraciones de los implicados.
Dos meses después de la desaparición forzada, el equipo de forenses argentinos confirmó que restos óseos hallados en el rancho El Limón, ubicado en e Tlalixcoyan, pertenecían a ellos.
En un inicio, todavía durante el gobierno de Yunes Linares, los jóvenes fueron criminalizados y vinculados por las mismas autoridades con la delincuencia organizada.
De acuerdo con los familiares de las víctimas, hasta la fecha hay 21 personas detenidas –entre elementos de seguridad pública e integrantes del crimen organizado– pero no se ha dictado ninguna sentencia.
Texto y foto: Agencias
