La empresa Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, “ha escalado el ataque” contra las comunidades aledañas a la mina y del gobierno mexicano, al grado de “politizar” el tema no sólo en tribunales internacionales, sino en el Congreso de Estados Unidos para “exigir una indemnización” millonaria a costa del grave deterioro ambiental y la violación de los derechos humanos de los habitantes mayas, aseveraron defensores y especialistas en la materia.
En un foro virtual coordinado por la ONU realizado desde Nueva York en el Día Mundial del Agua, los activistas señalaron que la minera se ha tratado de “apoderar, como si fuese una propiedad, del territorio mexicano para seguir contaminando” el manto freático del que dependen miles de personas y comunidades indígenas de Playa del Carmen, en Quintana Roo.
Raúl Benet, defensor ambiental, explicó que en los años 80 se otorgó a Calica la concesión para extraer piedra caliza y en el último día del sexenio del priísta Ernesto Zedillo se le concedió otro permiso para obtener la roca mediante la detonación de grandes cantidades de explosivos del tipo de hidrogeles, por debajo del manto freático.
Texto y foto: Agencias
