Solo unas horas ha tardado el presidente Andrés Manuel López Obrador en contestar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ayer a medio día, el pleno del alto tribunal ha declarado inconstitucional el acuerdo que protegía los grandes proyectos del Gobierno al considerarlos seguridad nacional. Los ministros han argumentado que el decreto, publicado en 2021, vulneraba el derecho de acceso a la información, por lo que votaron por invalidarlo. Sin embargo, ayer, en el Diario Oficial de la Federación se ha notificado un decreto de artículo único en el que el presidente blinda el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque, de nuevo, como proyectos de interés público.
“Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo”, se lee en el documento. Con esto, López Obrador protege la información relativa a los cinco grandes proyectos sin finalizar que le quedan en su sexenio.
En el decreto se detalla porque se consideran seguridad nacional los proyectos: el Tren Maya por ser el proyecto de infraestructura más importante del Gobierno, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum “por su ubicación geográfica” clave “para la vigilancia y control del espacio aéreo en la frontera sur” y el Corredor Interoceánico, del Istmo de Tehuantepec, porque permite comunicar el océano Pacífico con el golfo de México y el Atlántico.
Así, el presidente es más específico de lo que fue en el de 2021, ahora tumbado, en el que se incluía a todos los proyectos relacionados con el sector “aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiental, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos y aeropuertos”. Esa generalidad ha sido uno de los argumentos esgrimidos por los ministros para invalidarlo.
“Es inconstitucional este acuerdo, porque su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del Gobierno de México”, ha expuesto el ministro ponente del proyecto Juan Luis González Alcántara Carrancá. “El acuerdo es en tal grado impreciso respecto a las implicaciones del derecho de acceso a la información pública y transparencia, que da un margen demasiado amplio a las autoridades para reservar la información, además de que en la declaratoria no se hace respecto de una lista taxativa del proyectos u obras”, ha añadido.
Con los votos a favor de ocho ministros y tres en contra —de Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz—, la SCJN dio ayer la razón al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que fue quien impugnó el decreto en diciembre de 2021. A diferencia de lo que ocurrió entonces, el organismo autónomo no puede impugnar ahora el nuevo decreto.
Texto y foto: Agencias
