La comisión de vigilancia de la cuenta pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso local aprobó, por mayoría, los resultados de la Cuenta Pública de los más de 200 entes fiscalizados por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán correspondientes al 2017.
El informe incluye Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2017, de 219 entes fiscalizados, además de que avalaron por unanimidad solicitar un reporte mensual a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (Asey) sobre el estado actualizado de la fiscalización de los sujetos obligados.
-Lo que hicimos fue avalar el trabajo de la Asey, no que los municipios, el Ejecutivo y las entidades gubernamentales hayan hecho bien o mal uso de los dineros públicos. Ese es tema de la Auditoría Superior del Estado, que tendrá que dar seguimiento a todos los casos en donde hubo problemas para solventar sus gastos -aseguró el diputado Alejandro Cuevas Mena, presidente de la Comisión.
La que puso en entredicho el trabajo de la Asey fue la diputada de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, quien votó en contra porque encontró que la Asey avaló los pagos al Subsidio de los Concesionarios para invertir el apoyo en combustibles y refacciones, cuyo total fue de 57 millones 50 mil pesos.
Lo raro, dijo, es que hay una cláusula que dice que si una empresa tiene tres quejas en un mes no se pagara el subsidio, pero se pagó puntual aún cuando hay muchísimas quejas.
-Discúlpenme, pero lo que hoy está pasando es una reedición del PRIAN, en donde se ponen de acuerdo en lo oscurito para avalar la corrupción -advirtió.
En entrevista posterior, Romero Bastarrachea aclaró que no se arrepiente de su voto en contra, pese a que no “avaló” las cuentas públicas del ahora gobernador Mauricio Vila Dosal, como alcalde de Mérida en el 2017, cuando también fue regidora.
-Lo que hice fue votar en contra del trabajo de la auditor, no de los alcaldes y sus cuentas públicas -sentenció.
El diputado Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno, dijo que el aval del PRI al dictamen fue porque el auditor lo dejó satisfecho con su trabajo, independientemente que tendrán que seguir su cursos las acciones para recuperar el dinero que hayan desviado los alcaldes y funcionarios en ese periodo.
Tanto Felipe Cervera como Rosa Adriana Díaz manifestaron que se deben modificar las leyes para que los legisladores puedan intervenir más en la revisión de las cuentas públicas y no solo calificar el trabajo del órgano fiscalizador, como es ahora, por lo que “el procedimiento ni es correcto, ni lo avalamos”.
Texto y foto: Esteban Cruz Obando
