El Gobierno transitorio boliviano incrementó la persecución al expresidente Evo Morales y sus colaboradores. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se presentó ante la prensa con un par de esposas en la mano y anunció que acababa de activarse una orden de busca y captura internacional contra Morales, a quien se acusa de terrorismo y sedición. “Que venga, no tenga miedo, lo vamos a cuidar”, ironizó en su declaración. Por otra parte, se está revisando el patrimonio de todos los ministros, viceministros, directores, gobernadores y alcaldes del Movimiento al Socialismo (MAS). “Tenemos 600 personas investigadas, y es poco”, afirmó Murillo. El propósito de esta investigación es encontrar cuentas o propiedades inexplicables que conduzcan a nuevos procesos por corrupción, además de los muchos que ya existen.
También fue aprehendido el dueño de un importante canal de televisión próximo al anterior Gobierno, luego de ser acusado de enriquecimiento ilícito por parlamentarios del oficialismo. Y, para completar el cuadro, una mujer fue detenida en el aeropuerto de El Alto cuando intentaba viajar a Buenos Aires con 100,000 dólares no declarados. Se la acusa de ser cercana al exministro Juan Ramón Quintana, actualmente atrapado en la residencia diplomática de México en La Paz, y de intentar llevar el dinero a Morales para “financiar el narcoterrorismo”. Ella declaró que el dinero pertenecía a la filial boliviana de la empresa petrolera venezolana PDVSA y que lo llevaba con la intención de pagar cuentas de esta empresa en la Argentina.
Otro blanco de la persecución legal han sido los llamados “guerreros digitales”, jóvenes que en el pasado trabajaban haciendo propaganda masista en las redes sociales y que, en estos días, algunos de ellos, han continuado publicando mensajes contra el oficialismo desde las computadoras del Estado que todavía estaban en sus manos y desde otras privadas.
Texto y foto: Agencias
