La propuesta de reforma tiene como finalidad fortalecer la independencia y autonomía de este órgano, agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera a los ciudadanos y avanzar en la lucha contra la corrupción
Modernizar el Poder Judicial para garantizar a los yucatecos una justicia más pronta y expedita, así como contribuir a que los servicios y trámites judiciales sean más ágiles para atender de manera oportuna a la población de todo el territorio, es el objetivo de la iniciativa de reforma a la Ley del Poder Judicial estatal enviada por el gobernador Mauricio Vila Dosal al Congreso local.
Por instrucciones de Vila Dosal, el consejero jurídico, Yussif Heredia Fritz, acudió a la sede del Poder Legislativo a entregar dicha propuesta al secretario general del Congreso yucateco, Adrián Anguiano Aguilar, la cual contempla modificaciones a la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, con única finalidad de mejorar y agilizar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos y avanzar en la lucha contra la corrupción.
Cabe señalar que, el Poder Judicial requiere de una actualización y modernización al tiempo actual, toda vez que el mundo ha cambiado. Por eso es necesario reformas que lo vuelvan incluyente, que integre a jóvenes y mujeres. Requiere que se generen cambios con nuevas ideas que lo acerquen a los yucatecos.
Esta reforma plantea reducir los altos costos que representan para este órgano el pago de pensiones vitalicias a los magistrados, por lo que se propone que ahora solo tendrán un pago único durante el año posterior a su retiro. La reducción de la pensión a un año es el equivalente al año que, por ley, al terminar su encargo no puede litigar, ni dedicarse a las actividades como especialista en Derecho.
Vale la pena mencionar que, actualmente los magistrados que se retiran, ya sea por cumplir 15 años en el encargo o 30 años al servicio del Estado, durante 2 años perciben su salario como si estuvieran en funciones y a partir del tercer año reciben el 80% de dicho monto.
Por ejemplo, de acuerdo con un cálculo basado en el tabulador reciente de sueldos y salarios del Poder Judicial, un magistrado gana, en promedio, un sueldo base de 133,434.89 pesos mensuales, lo que anualmente representa más de 1.6 millones de pesos, sin incluir aguinaldos, primas vacacionales y demás prestaciones.
De esta forma, considerando que la edad mínima para ser magistrado es de 35 años y la duración actual del cargo, conforme a la ley vigente, es de 15 años y, en un escenario hipotético, una persona puede acceder al cargo a los 35 años, al concluir el período máximo de duración, con base a la normatividad vigente, tendría 50 años, al retirarse.
Y si se considera que, de acuerdo al Inegi, la esperanza der vida en Yucatán es de 74 años, el Poder Judicial pagaría alrededor de 38.4 millones de pesos por 24 años a partir de la terminación del encargo del magistrado supuesto.
De igual forma y frente al crecimiento exponencial en los asuntos que tienen que ver con áreas familiar, civil y laboral y para ofrecer una justicia pronta y expedita, que reduzca los tiempos de espera para los ciudadanos, la propuesta considera un aumento en el número de magistrados que actualmente conforman el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE). Dicho incremento permitirá agilizar las resoluciones en las áreas familiar, civil y laboral, que son tres de las que más incremento y carga de trabajo han estado teniendo.
La iniciativa presentada también propone aumentar a 3 el número de magistrados del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con el propósito de que dar mayor agilidad a las resoluciones sobre este tema.
Hay que recordar que, actualmente dicho Tribunal solo cuenta con un magistrado, lo que ocasiona que los procedimientos sean más lentos y se alarguen los tiempos de espera de los trabajadores por las resoluciones.
Asimismo, en esta iniciativa se plantea la eliminación de la figura de ratificación, en la que se plantea modificar el plazo de encargo de los magistrados de 6 años, más 9 años más con ratificación, a un solo período ininterrumpido de 15 años, lo que contribuirá a fortalecer la independencia del Poder Judicial al garantizar la permanencia de los magistrados por 15 años y así no depender de la ratificación del Gobierno en turno.
Otro de los cambios para modernizar el Poder Judicial, es el establecimiento de 70 años como un plazo máximo para ocupar el cargo de magistrado del TSJE, con lo que desaparecería la figura vitalicia del cargo. Asimismo, se proyecta ajustar la edad de retiro de los jueces, pasando de 75 a 70 años.
También se contempla la reforma para especificar que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (Tsje) no podrá ser reelecto para un período inmediato, con lo que se dará cumplimiento al principio de la paridad de género.
Asimismo, se considera regular, en caso de que así ocurra, la falta de presidente del TSJE con la posibilidad de que se elija a otro que deberá concluir el período, sin derecho a reelección para un período inmediato siguiente.
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