Para el presidente del PRI yucateco, Carlos Sobrino Argáez, es importante que así como sucedió con el Consejo Político local, los diferentes liderazgos se pongan de acuerdo para que el próximo líder estatal tricolor salga “por unidad”.
Sin mencionar nombres, dijo que ya hay personas que han levantado la mano y que una vez que salga la convocatoria se tendrán que inscribir todos o uno y los otros se deben sumar a un candidato.
Ha trascendido que la elección del nuevo dirigente será el 24 de febrero, aunque antes se deben cumplir varios pasos en el proceso para la elección, que serán fijados a través de la convocatoria que deberá emitir en cualquier momento el Comité Ejecutivo Nacional, cuya presidenta es Claudia Ruiz Massieu Salinas.
De acuerdo con datos recabados, los interesados en el cargo son: Walter Salazar Cano, Francisco Torres Rivas y el empresario Álvaro Traconis Flores, quien fue comisionado del Inaip y ahora están dedicado a sus negocios.
—Si el PRI realmente quiere pelear en las próximas elecciones tiene que optar por alguien de fuera, que no pertenezca a los grupos políticos, incluso que sea joven —dijo una priista anteayer en la Casa del Pueblo.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández dijo que en la instalación del Consejo Estatal el pasado domingo, más que unidad, lo que se vio es una representatividad de los dirigentes y los militantes.
En ese sentido, dijo, en las elecciones del 2021 serán un buen parámetro para determinar si el viraje hacia la militancia, hacia los ciudadanos, fue bueno o no.
También habló sobre el mensaje de Ruiz Massieu Salinas, quien pidió al gobernador Mauricio Vila para que toda denuncia contra el ex mandatario Rolando Zapata Bello sea con pruebas y no algo mediático.
TRANSPARENCIA
—Lo que mencionó la presidenta no es que estamos a favor de una cacería de brujas, de denuncias sin sustento, lo que buscamos todos los ciudadanos es transparencia, eficacia en la aplicación de los recursos y eso implica también en esa auditoría de los recursos públicos que hayan sido utilizados y que estén en proceso de utilizarse —afirmó.
Indicó que se pide que cada acusación sea fundamentada y que sea procedente conforme a derecho y si las autoridades consideraron que tenían los medios para realizar una imputación, ya las realizaron jurídicamente, ahora hay que dejar que hagan su trabajo.
Texto y foto: Esteban Cruz
