Carlos Hornelas
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Layda Sansores, actual gobernadora de Campeche ha emprendido una cruzada, que solo puede entenderse como personal, en contra del ex gobernador de la misma entidad y actual presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno.
Desde mayo de este 2022 ha dado a conocer a los medios de comunicación, audios de supuestas conversaciones del priísta, en los que dice, exhibe la corrupción y los acuerdos “en lo oscurito” del aludido, aunque en ningún caso ha especificado cómo es que los obtiene.
En mayo el audio versó sobre la obtención de 25 millones de pesos “donados” por Cinépolis para financiar las campañas electorales. En junio se revelaron supuestos arreglos con compañías farmacéuticas, diputados y gobernadores.
Esta serie de entregas se han hecho públicas a través de redes sociales, en un formato que ha sido bautizado por la gobernadora como “los martes del jaguar”.
A la usanza de un clásico, ha armado una especie de programa de entretenimiento en el cual se pretexta la supuesta obligación de informar a la ciudadanía sobre los avances de su gestión, pero que en realidad utiliza la comunicación social a su alcance para arremeter en contra de sus adversarios. Algo así como lo que pasa con los miércoles de “Quién es quien en las mentiras”.
La diferencia de este tipo de entretenimiento, por calificarlo de alguna manera, es que asusta saber si por la posición que ostenta y el poder que detenta es que ha podido secuestrar las comunicaciones personales de su adversario y si solamente este tipo de información está a su alcance. Si tiene el aparato estatal de su mano para estas extralimitaciones, ¿qué tipo de garantía se puede ofrecer del estado de derecho?
El artículo 16 de la Constitución Política establece que “las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente a cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ella. El juez valorará el alcance de estas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establece la ley”.
En la última entrega del show de los “martes del jaguar”, Layda Sansores afirma tener material “muy preocupante” sobre diputadas del PRI que habrían enviado a “Alito” Moreno. Expresó “ni lo quiero decir, pero es que él embauca y es muy cautivador, pero yo creo que a ustedes les paga la renta… y en fin. Pero cuidado diputadas porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras que, unas hasta desnudas…”.
Esta última acción no parece exhibir actos de corrupción o que impliquen desvío de fondos o cualquier cosa que pudiera resultar incriminatoria de una gestión negligente durante su mandato, sino la vida privada no sólo de “Alito”, sino de diversas mujeres implicadas, no en su calidad de funcionarias, sino de personas con derechos que habría que respetar.
Ante esta situación, algunas legisladoras del PRI junto con el líder del partido habrían hecho una denuncia ante la fiscalía general de la república este martes. Ante lo cual la gobernadora Sansores habría acusado que habían sido usadas por él para realizar este trámite. Espetó “Ahí van todas.. para que se sienta rodeado, alito y sus chicas.”
Admitió tener en posesión el material íntimo, pero tranquilizó a quienes hubiesen estado involucradas declarando “ahora sí cuidado, de mi parte pueden tener la seguridad de que yo nunca entregaría una foto porque es un daño de por vida… el problema es que quien puede distribuir las es él mismo y por eso las amenaza y las tiene en el puño, si no me acompañan entonces sacó su foto: eso es lo peligroso”. ¿Qué es lo realmente peligroso?
