Codhey, sin sancionar a quienes vulneran derechos

Con respecto al Reporte Especial “Educación en Yucatán, lejos de la inclusión social”, publicado en este periódico,  Paula Lira Moguel, presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia  AC (Aepaf), comentó que las acciones no se limitaron a documentar el caso y presentar las denuncias ante la Secretaría de Educación (Segey), sino que se buscó que se sancione a las responsables.

La activista comentó que se envió un escrito a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), dirigido a José Enrique Goff Ailloud, para que el caso de Calel, menor con la condición leve del Trastorno del Espectro Autista (TEA), quien fue víctima de discriminación, no quedara impune.

El oficio AEPAFY-PELM-30-16 recopiló las denuncias y la manera de actuar de la profesora Susana Vidal Rivero, ex directora del Jardín de Niños “Las horas felices”, y Gabriela C. Rosado Puerto, directora del preescolar Mario Benedetti.

–No sucedió nada, no hubo sanciones para los funcionarios. La Codhey decidió dar carpetazo al expediente–comentó Paula Lira.

También denunció el mal desempeño de Eduardo Osorno, jefe del departamento de Derechos Humanos y Prevención de la Violencia Escolar de la Segey, quien en lugar de bridar el apoyo necesario a la familia del menor, realizaba recomendaciones a modo para beneficiar a las directoras.

–Fueron casi dos ciclos escolares en los cuales el pequeño no acudió a la escuela, todo porque la autoridades educativas ignoraban las recomendaciones hechas por los especialistas–abundó.

La entrevistada también arremetió contra la Codhey, pues en la resolución final que dictó omitieron y no tomaron en cuenta acciones violatorias de las autoridades involucradas y todas quedaron impunes.

Todo quedó resuelto cuando el menor regresó al Jardín de Niños “Las horas felices”. El organismo jamás mencionó la flagrancia violación a los derechos, agravios, tratos indignos y dejarlo sin escuela durante tanto tiempo.

–Las resoluciones de la Codhey demuestran el servilismo  y protección a los violadores de los derechos humanos–comentó Paula Lira.

Cabe precisar que la psicóloga Claudia Elena Márquez Garza, quien realizó el diagnóstico a Calel, no labora en el Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar, sino es una especialista particular que la Codhey ofreció. La valoración se realizó en el Centro de Estudios, Clínica e Investigación Psicológica (Cecip).

IFP

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