Las Consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) consideraron que la denuncia penal que presentó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, en contra de algunos integrantes del Consejo General del órgano electoral, es una persecución.
Se ha convertido un diferendo legal, expresaron a través de un posicionamiento, en una persecución penal.
“Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les cometen”, difundieron.
En un posicionamiento suscrito por los 11 integrantes del Consejo General del INE, se rechazaron las denuncias penales presentadas, la cual -expusieron- es una forma de intimidación y vulneración a la autonomía.
Por su parte, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que la revocación de mandato no es más que un “costosísimo e inconstitucional espectáculo publicitario” del presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que debe ser frenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A través de un comunicado, advirtió que de realizarse el “capricho presidencial”, nos estaría costando a todas y todos los mexicanos al menos 4 mil millones de pesos, recursos que deberían aprovecharse para reactivar la economía, generar empleos y combatir la pobreza.
“Además, la Corte no puede consentir una clara violación constitucional, ya que el ejercicio de revocación está claramente tergiversado en ratificación de mandato, deformando la figura de empoderamiento ciudadano para revocar el mandato por pérdida de confianza, para ponerla al servicio del gobernante a fin de promover su ratificación de mandato”, dijo.
Cortés Mendoza señaló que por ese motivo, desde el PAN insistirán para que las y los ministros de la SCJN den marcha atrás a al ejercicio.
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