Tiene errores, imprecisiones y elementos claramente inconstitucionales y trastoca la autonomía de los organismos electorales, advierte la Coparmex
Con una contundente carta firmada por su dirigente nacional José Medina Mora al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la minuta de reformas a leyes secundarias en materia electoral que se aprobó “al vapor” en la Cámara de Diputados, que tiene “errores, imprecisiones y elementos claramente inconstitucionales, trastoca la autonomía de los organismos electorales”.
Fueron los 68 centros empresariales del país, incluido el de Mérida, que expresaron su preocupación en dicha misiva, por la eventual aprobación del “Plan B” de la reforma electoral, por lo que pidieron no desmantelar al Instituto Nacional Electoral (INE), pues señalaron que en el texto que “México podría regresar a una de sus peores épocas” de la antidemocracia”.
“La minuta de reformas a leyes secundarias que han aprobado vulnera gravemente la operación del INE, a tal grado que pone en riesgo seguir teniendo nuestra credencial para votar, compromete la competencia electoral y el gozar de elecciones libres, ajenas a conflictos postelectorales”, se lee en el comunicado.
Señalaron que la minuta aprobada, y que ha sido respaldada por el partido en el poder, quita facultades al árbitro electoral, genera incentivos para la comisión de actos irregulares y delitos electorales, al suavizar sanciones contra partidos y servidores públicos, y afecta la estructura del Tribunal Electoral (Teojf), por lo que el líder de los patrones en México afirmó que “de aprobarse posibilita que México retrocede décadas en su vida democrática”.
“Esto pone en riesgo obtener la credencial para votar, compromete la competencia electoral y el gozar de elecciones libres, ajenas a conflictos postelectorales”, se anota en el escrito.
En el documento se asegura que la minuta que recibió el Senado amenaza el derecho a tener elecciones limpias y procesos electorales pacíficos, transparentes y confiables que reconozcan como legítimos ganadores, a los que efectivamente hayan recibido el voto de los mexicanos. Recalcan que no es permisible que se pretenda desmantelar al INE y a los organismos electorales locales (Oples) o asfixiarlos presupuestalmente.
”Por ello, con base en las mejores prácticas internacionales, solicitamos a todos los Senadores y fuerzas políticas, rechazar la propuesta de Reforma Electoral vía leyes secundarias que busca afectar la autonomía y operación del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, dijo Medina Mora.
Puntualizaron que a los mexicanos “nos tomó poco más de 30 años construir un sistema democrático confiable”, como aseguran lo son los organismos ciudadanos autónomos e independientes como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), los cuales garantizan que la voluntad de los ciudadanos sea escuchada, se tome en cuenta y se respete.
“No es momento de hacer una Reforma Electoral. Una reforma de gran calado en la materia debe contar con el consenso de todas las fuerzas políticas”, puntualizó el sector privado en la carta dirigida a Monreal Ávila.
Hay que recordar que, de igual manera la semana pasada, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) expresaron al presidente Andrés Manuel López su preocupación por la reforma que busca atentar contra la democracia de México.
¿Qué propone el “Plan B” de la reforma electoral?
Entre algunos de los puntos relevantes se encuentran los salarios de los trabajadores de los órganos electorales, pues la iniciativa señala que una vez las reformas entren en vigor, el órgano electoral tendrá que realizar “un nuevo cálculo y revisión integral” de los salarios de sus trabajadores, así como de los organismos públicos locales.
De acuerdo con el documento, estos nuevos sueldos serán aplicados “dentro de los 180 días siguientes a la fecha referida, con el fin de adecuar las remuneraciones a los topes establecidos en el artículo 127 constitucional”.
El artículo referido establece que ningún servidor público puede tener una remuneración mayor que la pagada al presidente de la República. Esta disposición también aplicará para todo el personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), incluyendo a los integrantes de su Pleno.
La reforma también propone un mecanismo para destituir al magistrado o magistrada presidente del Tribunal Electoral. Para esto, los integrantes del Pleno deben convocar a una sesión extraordinaria para discutir la remoción de la persona titular de la presidencia de la Sala Superior.
La reforma subraya que esta solo procederá si se acredita fehacientemente que la o el magistrado presidente del Tribunal cometió “conductas que vulneran los principios rectores de los servidores judiciales electorales de objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia”.
De igual manera, en su artículo tercero transitorio, la iniciativa subraya que los cambios propuestos por esta reforma no serán aplicados a los procesos electorales de 2023, cuando Coahuila y el Estado de México elegirán a su nuevo gobernador o gobernadora, por lo que “blinda” dichos comicios electorales.
Por otra parte, contrario a los rumores que se han esparcido sobre el tema, los módulos del INE no desaparecerán. La iniciativa apunta que estos seguirán operando de forma normal y “no deberá alterarse su cantidad con motivo de la restructuración administrativa”.
Eso sí, la Comisión General deberá identificar las áreas en las que pueda hacer cambios para su plan de reorganización que deberá quedar concluido, a más tardar, el 1 de agosto de 2023. En caso de que estos cambios deriven en el despido de personal, el INE deberá cumplir con las respectivas indemnizaciones utilizando “los recursos que integran los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria”.
Hablando de estos fondos, el Plan B de la reforma electoral propone un nuevo destino para ellos: su extinción. Se trata del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del INE y del Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral.
La iniciativa argumenta que estos fideicomisos “fueron constituidos para retener recursos públicos y destinarlos a las personas funcionarias del INE, entre otras medidas”.
Finalmente, en esta reforma se establece la prohibición a partidos políticos, precandidatos y candidatos de utilizar expresiones “que calumnien a las personas, discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género”, así como que el Consejo General del INE y la Comisión Jurídica y de lo Contencioso Electoral podrán ordenar la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma.
Texto: Andrea Segura
Fotos: Agencias
