Una jueza de la Corte Suprema de Brasil dio cinco días al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro para explicar su decreto que autoriza a millones de brasileños a portar armas cargadas en espacios públicos, algo inconstitucional según los críticos.
La orden de la juez del Supremo Tribunal Federal Rosa Weber, que se extiende al Ministerio de Justicia, fue emitida después de que un partido opositor, Rede Sustentabilidade, impugnará la constitucionalidad de la decisión de Bolsonaro. Su decreto, firmado el martes, fue “un abuso de poder regulatorio” y “contravino el espíritu” de un estatuto de desarme de 2003 que prohíbe portar armas en público, según una copia de los documentos de la corte proporcionados a periodistas.
Entre tanto, documentos que circulaban en el Congreso el viernes acusan a Bolsonaro de “ir más allá” de sus atribuciones presidenciales y califican el decreto de “ilegal”, tras otorgar a varias categorías ocupacionales, entre ellas políticos, periodistas y camioneros, el derecho a portar armas.
Bolsonaro, un excapitán del ejército, defiende que el decreto se apega al resultado de un referéndum de 2005 en el que cerca del 64% de los brasileños rechazó una ley que implicaba, entre otras cosas, una prohibición total de la venta de armas. Pero especialistas aseguran que flexibilizar los controles aumentará la violencia armada en un país que ya ostenta uno de los mayores índices de homicidios del mundo.
El decreto autoriza a los propietarios de armas con licencia a comprar hasta 5 mil municiones por año, dependiendo del tipo de arma, un gran salto en relación al límite anterior de apenas 50, así como poseer hasta cuatro armas de fuego.
Texto y foto: Agencias
