Alejandra Ávila, madre de Ezra, lleva mil 541 días sin poder ejercer plenamente su derecho a la maternidad. A sus 27 años, enfrenta un proceso legal que califica como un caso de violencia institucional y vicaria, tras la sustracción de su hijo en 2020, cuando el menor tenía tres años.
Desde entonces, Alejandra ha denunciado irregularidades en el juicio por la guarda y custodia, señalando que el sistema judicial ha favorecido al padre del menor a pesar de contar con pruebas que demuestran su idoneidad como madre.
“El papá ha argumentado presuntos problemas de salud mental para impedir la convivencia con mi hijo, pese a que documentos médicos y evaluaciones psicológicas que he presentado descartan esta versión. Fue en 2023, una sentencia le retiró la custodia del niño, limitando el contacto entre madre e hijo a visitas en el Centro de Convivencias Familiares (Cecofay), dos veces al mes por un lapso de dos horas”, relató.
Esta decisión, sostuvo Alejandra, ha vulnerado no solo sus derechos, sino los de su hijo, quien fue separado de ella de manera abrupta. A finales de 2024, tras una apelación, el tribunal ordenó la reposición del proceso, lo que representa una nueva oportunidad para que el caso sea revisado con imparcialidad.
La abogada titular de PBX Abogados, Fátima Cepeda Paredes, señaló que en el juicio inicial se incurrió en múltiples irregularidades, como la omisión de pruebas y evaluaciones psicológicas solicitadas por la defensa de Alejandra, lo que derivó en un proceso legal desfavorable para ella y su hijo.
“La separación de un niño de su madre sin permitir convivencias supervisadas es una violación a sus derechos. Lo que esperamos en esta nueva audiencia es que el tribunal actúe con apego a la ley y priorice el bienestar del menor”, afirmó la abogada.
A pesar de las dificultades, Alejandra ha logrado mantener el lazo con su hijo en las visitas permitidas. Destacó la fortaleza emocional del niño y su disposición a mantener el vínculo materno a pesar de las restricciones impuestas.
“Lo vi este fin de semana y eso me llena de esperanza. No estoy aquí solo por mí, sino por él, porque es su voz la que aún no se escucha en este proceso. Han sido cuatro años de injusticias y corrupción procesal. No buscamos favorecer a una de las partes, sino garantizar que se haga justicia para mi hijo”, agregó.
La próxima audiencia, programada para mañana, representa una oportunidad crucial para que el caso sea revisado con imparcialidad. Alejandra y su defensa hacen un llamado a las autoridades para garantizar que el proceso se resuelva conforme a derecho y en favor del menor.
Texto y foto: Andrea Segura
