Grupos indígenas interponen recursos legales contra los cinco megaproyectos del Gobierno Federal.
En el marco del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el Concejo Indígena de Gobierno llevó a cabo una rueda de prensa en línea para dar a conocer los recursos legales que se han interpuesto en contra de los cinco megaproyectos del Gobierno Federal, que incluyen el Tren Maya, la refinería en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, la construcción del Corredor Transístmico, la termoeléctrica de Morelos y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
Durante su participación, Carlos González, asesor del Congreso Nacional Indígena, señaló que a pesar de que se esperaba un cambio con este nuevo Gobierno Federal, Andrés Manuel López Obrador ha mantenido el ciclo neoliberal que durante muchos años ha hundido al país en la pobreza.
Indicó que el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (TMEC) dará continuidad a la subordinación de México a la economía de los otros dos países, a lo que se suma la construcción de megaproyectos en los que saldrán beneficiadas empresas de otras partes del mundo y que causarán un gran impacto ambiental y cultural en nuestra nación.
Asimismo, resaltó que estos proyectos obedecen a los intereses políticos y económicos, principalmente de Estados Unidos, y que fueron impuestos, ya que no se consultaron a las comunidades y poblaciones indígenas, que se verán afectadas por estas obras.
“Para la elaboración de estos proyectos, el Gobierno Federal debió seguir una serie de protocolos específicos ajustados a los parámetros y tratados internacionales, lo cual no están haciendo, pues están vulnerando los derechos de miles de pobladores de esas regiones”, manifestó.
En cuanto a la obra del Tren Maya, recordó que se contemplan 30 estaciones, de las cuales 19 constituyen nuevos desarrollos y corredores urbanos que en conjunto tendrán un impacto tremendo para las poblaciones que habitan esa región y para el medio ambiente.
Por su parte, Víctor Caballero, del colectivo Aequus, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, afirmó que debido a la contingencia sanitaria no han podido tomar las calles para manifestarse en contra de estas obras, por lo que interpusieron dos recursos legales; el último fue presentado el viernes pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación a los derechos humanos de las comunidades indígenas.
“Como parte de estos amparos, exigimos a las autoridades medidas cautelares para la suspensión provisional de ejecución de cada una de las obras que contemplan los tramos del Tren Maya, todo proceso de licitación, bitácora de obra y la suspensión de toda el área administrativa”, dijo.
Igualmente detalló que 85 científicos de otros países han reconocido que esta obra traerá afectaciones de impacto ambiental, ya que dañaría ecosistemas y el patrimonio arqueológico, histórico y cultural de la Península de Yucatán.
Reveló que a pesar de que el mandatario federal había informado que los trenes serian eléctricos, se echó para atrás, por lo que ahora usarán diésel, que es uno de los combustibles más contaminantes para el medio ambiente.
Explicó que, en el caso de la termoeléctrica de Morelos, el Gobierno Federal pretende construirla en tierra volcánica, además de que se afectarán los humedales de las regiones que se contemplan dentro de este plan.
Asimismo consideró lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador aproveche esta pandemia para acelerar la construcción estos proyectos que fueron impuestos, y que se justifique diciendo que estas obras traerán una reactivación económica al país, cuando los empleos que se generen serán temporales, y cuando ya se hayan finalizado, se generaran vacantes en el área de servicios, que es uno de los sectores peores pagados, por lo que afirma que estas obras no aportan a la economía nacional.
En su intervención, Pedro Uc, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal”, expuso que a pesar de que la comunidad de Xpujil, Campeche, obtuvo una suspensión contra un tramo de esta obra de infraestructura, las obras continúan en medio de la crisis sanitaria.
Pese a que han presentado amparos y recursos jurídicos por la violación a estándares internacionales sobre su derecho a la consulta indígena, por su alto impacto ambiental en una zona rica en diversidad biológica y cultural, y ahora por el riesgo a los trabajadores y comunidades debido a la pandemia, esto no ha servido de mucho, ya que ha habido mucha negligencia en los tribunales federales, de gente confabulada por el Gobierno Federal, expresó.
“La comunidad indígena permanece en completa indefensión, debido a que el gobierno se ha aprovechado de la ignorancia de las comunidades para robar nuestras tierras, despojarnos de lo que nos pertenece”, exclamó.
En ese sentido expuso que muchos ejidatarios han sido engañados, pues les han dado a conocer los beneficios que tendría esta obra, sin embargo, nunca les dijeron cuáles serán las repercusiones que tendrá, como es la contaminación al manto freático.
“En todo este proceso se excluyó a las mujeres indígenas, que son parte importante de estas poblaciones, y que además algunas son dueñas de tierras ejidales, a las cuales no se les contempló en este proyecto”, finalizó.
Texto: Georgina Bacelis
Foto: Cortesía
